Alexandra Saieh, directora global de Incidencia Política de Save The Children -una de las organizaciones ahora en un limbo burocrático con unos 300 trabajadores en los territorios palestinos-, asegura que si bien no es una anomalía que ONG "afronten dificultades de acceso" en zonas de conflicto, sí "carece de precedentes que a las más grandes del país se les niegue el registro a una tan escala masiva".
"No son solo impedimentos burocráticos. Son obstáculos sistemáticos y decisiones adoptadas para impedir la entrega de la ayuda humanitaria. Y creo que eso es lo que distingue este contexto de muchos otros lugares", dice Saieh a EFE.
En un tono similar se expresó la ONG Oxfam, también una de las afectadas, que calificó los nuevos requisitos para renovar sus licencias como "un paso más" en las políticas israelíes para erradicar la existencia de una sociedad civil que les exige rendir cuentas.
"Y no quieren que nadie les pida cuentas", dice a EFE desde Ramala la responsable de políticas de Oxfam, Bushra Jalidi, quien recuerda como el ataque se ha expandido incluso contra la propia social civil israelí. Desde 2025, un proyecto de ley busca gravar con el 80 % los fondos extranjeros que reciban ONG israelíes, en su mayoría críticas con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
Una tercera ONG de las 37, bajo anonimato, se mostró de acuerdo en que esta nueva imposición "sienta un precedente para que si a una de las partes en un conflicto no le gusta quién está trabajando se le pueda echar" y de paso quitarse del medio a "testigos incómodos".
El nuevo registro, que el Gobierno de Israel defiende por razones de seguridad para detectar a "terroristas" afiliados a estas ONG, les obliga a facilitar información sensible sobre sus empleados palestinos (nombres, DNI) y recoge como motivos para denegarles la licencia la participación en campañas de deslegitimación, el negar que Israel sea un "Estado judío y democrático" o el apoyo a procesos judiciales contra soldados en un tribunal internacional, entre otros.
Si bien las incógnitas son muchas, las tres ONG con las que conversó EFE aspiran a poder seguir operando en Cisjordania pero también en Gaza, donde desde el inicio de la ofensiva bélica Israel no ha renovado los visados de su personal extranjero y la mayoría ya compra suministros en los mercados de la franja debido al bloqueo a la entrada de bienes y ayuda humanitaria por el cruce de Rafah.
Sin embargo, Oxfam reconoce que muy probablemente se vean obligados a terminar sus operaciones en Jerusalén Este, costado de la ciudad controlado y anexionado ilegalmente de forma unilateral por Israel. Ahí mantienen a 12 trabajadores.
Además, en el caso de Gaza, esperan que Israel garantice su seguridad y no ataque a su personal, instalaciones, almacenes o puntos de distribución de alimentos. Pero el impacto humanitario y cómo afectará esta prohibición a la población -donde dependen de estas ONG tanto hospitales como programas de nutrición, educación o saneamiento- se desconoce.
"El NRC ha trabajado eficazmente bajo sucesivos gobiernos israelíes desde 2009 y nunca ha documentado deficiencias en nuestra labor humanitaria", publicó en X hace dos días el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland.
Egeland insistió en que la decisión "socava los esfuerzos de paz de Estados Unidos y viola el derecho internacional", ya que como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar la prestación de ayuda en los territorios palestinos.
Si bien las principales ONG se han quedado fuera -Médicos Sin Fronteras, Mercy Corps- al menos otras 23 han sido aprobadas para trabajar en Gaza, según una publicación en X del Ministerio de Exteriores israelí en la que aparecen sus logos.
Entre ellas se encuentran la cristiana Samaritan’s Purse -cuyo personal se asoció con la polémica Fundación Humanitaria para Gaza, según una investigación del medio The New Humanitarian-, pero también Red Global de Ayuda (GAiN), Tiempo de Libertad y otras con escasa experiencia humanitaria.
También ha sido aprobada la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen, a quien el Ejército israelí mató en 2024 -en un ataque aéreo doble contra un convoy de ayuda claramente identificado- a siete de sus trabajadores con nacionalidades de EE.UU., Australia, Reino Unido o Polonia.
Esta ONG confirmó su nueva licencia a EFE: "Seguimos las directrices de las autoridades israelíes sobre el proceso de registro para garantizar la seguridad de nuestro personal en Gaza", aseguró en un comunicado, sin especificar cómo les protege el haber entregado información que era confidencial.
"La prioridad de WCK es llevar comidas y ayuda esencial a las personas necesitadas con dignidad y cuidado, manteniendo los más altos estándares de seguridad para todos en el terreno", añade el texto.