En una publicación en X, el SNTP indicó que "asistió y acompañó hoy a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes introducirían sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la misma ley".
Sin embargo, prosiguió, "ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial", ni "tampoco fueron recibidos" en la Unidad de Recepción de Documentos.
De acuerdo a la gremial, los tribunales estaban de "comisión", "sin despacho" o "remitían a las víctimas a los defensores públicos correspondientes".
"Los tribunales están obligados a verificar los supuestos de la amnistía y decidir en un plazo que no exceda de quince (15) días continuos, de conformidad con el mismo artículo (11)", subrayó el SNTP.
A su juicio, la "negativa a recibir los escritos constituye una denegación de justicia y una violación directa del mandato legal vigente, así como del principio de celeridad y del carácter de orden público de esta ley".
En este contexto, exigió la "recepción inmediata de todas las solicitudes de amnistía presentadas por las víctimas", el "respeto al plazo legal de 15 días para la decisión de los casos", así como el "cese de trabas administrativas y dilaciones indebidas" y que la Comisión Especial del Parlamento encargada de la amnistía asegure la "correcta" aplicación de la ley.
Al menos 65 personas han sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves, indicó este lunes la ONG Foro Penal, aunque Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, aseguró el sábado que son "cientos".
Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.
El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.