Los jueces anularon las condenas dictadas en diciembre de 2022 contra Lai, fundador del ya clausurado periódico prodemocrático, y Wong Wai-keung, y dejaron sin efecto las penas de cinco años y nueve meses y de 21 meses de prisión que se les habían impuesto, respectivamente, por permitir que una consultora vinculada a Lai usara parte de la sede para fines distintos a la impresión de periódicos.
La corte sostuvo que en un arrendamiento comercial no existe en general la obligación de revelar el propio incumplimiento contractual ni el contrato incluía cláusulas que impusieran ese deber.
Esta resolución judicial, emitida por un panel de magistrados superiores, se fundamenta en una interpretación rigurosa de los principios del derecho común, el sistema jurídico que rige en Hong Kong como legado del periodo colonial británico hasta 1997.
En el fallo de primera instancia, dictado por un tribunal inferior, la Fiscalía alegaba una violación de la sección 16A de la Ordenanza contra el Hurto, una ley que criminaliza el fraude a través de ocultación fraudulenta o representación falsa, siempre que se demuestre la intención de obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio económico.
En este contexto, se acusaba a Apple Daily Printing Limited, una subsidiaria del grupo Next Digital fundado por Lai, de haber incumplido el contrato de leasing firmado en 1998 con la Corporación de Parques Científicos y Tecnológicos de Hong Kong (HKSTPC), una entidad pública encargada de impulsar el desarrollo industrial y tecnológico en la región.
Según los hechos probados, desde 1998 hasta 2020, parte de las instalaciones arrendadas fueron utilizadas por Dico Consultants, una firma de consultoría directamente vinculada a Lai, para actividades ajenas a la impresión de periódicos y revistas, que era el uso exclusivo autorizado en el contrato.
Esta ocupación no fue notificada al arrendador, lo que la Fiscalía interpretó como una ocultación deliberada con fines fraudulentos.
Lai, de 78 años y conocido por su trayectoria como empresario y activista prodemocrático, permanece recluido en una prisión de máxima seguridad cumpliendo la mencionada condena de 20 años, impuesta el 9 de febrero pasado por delitos graves como colusión con potencias extranjeras y difusión de material sedicioso, tipificados en la Ley de Seguridad Nacional.
La ley ha sido criticada por gobiernos occidentales y por organizaciones de derechos humanos que la ven como un instrumento para silenciar la disidencia, violando compromisos internacionales como la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, que garantiza la autonomía de Hong Kong bajo el principio "un país, dos sistemas" por al menos 50 años.