Se trata de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco que hay en torno al paso navegable, que en el 2025 movieron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente, lo que en conjunto representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.
Los encuentros citados por Mulino "se tuvieron con altos ejecutivos del conglomerado Hutchison, en Nueva York, en Washington, con el ánimo de buscar una fórmula que permitiese resolver este problema", sin dejar de prepararse para una eventual decisión judicial que sacara al operador, como finalmente ocurrió.
"Lo único que encontramos fue arrogancia: 'a nosotros nadie nos va a patear fuera de los puertos, a nosotros nadie nos va a sacar de los puertos'. Bueno, se equivocaron de presidente y de gobierno, porque aquí se hace lo que se tiene que hacer", agregó Mulino en su conferencia de prensa semanal, al ser cuestionado sobre las quejas de la empresa respecto a una supuesta falta de diálogo.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá anuló el pasado 30 de enero la concesión a 25 años otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como la prórroga por igual lapso aprobada en el 2021, en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por la Contraloría General contra el contrato ley, que tildó de "leonino" y de lesivo a los intereses de la nación.
La afectación a la soberanía o la falta de equilibrio económico están entre los principales argumentos que sustentan el fallo judicial inapelable, que fue publicado en la gaceta oficial el pasado 23 de febrero, lo que dio paso ese mismo día a la ocupación de los dos puertos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que ha negado que se trate de una expropiación.
El mismo 23 de febrero la AMP entregó su operación transitoria, por hasta 18 meses, de Balboa a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC).
La PPC "hizo y deshizo en Panamá por décadas, desde que llegó a este país. La verdad que no tiene ninguna congruencia lo que dicen (PPC) con lo que hicieron, porque tampoco es que se terminó un contrato con una empresa transparente", señaló el jefe de Estado.
"Eso (de la falta de diálogo) lo rechazo absolutamente. La Cancillería se lo ha transmitido a la embajadora de China en Panamá, que es nuestro único contacto oficial con el gobierno chino, desmintiendo todas esas aseveraciones", añadió.
"Por un año vimos muchísimas opciones, nunca descartando qué pasaría si la corte declaraba inconstitucional el contrato de los puertos. Lamentablemente, digo lamentablemente porque es lo más difícil, llegamos a lo que llegamos", finalizó Mulino.
PPC informó del inicio el 3 de febrero de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por los puertos, sin precisar el monto de la demanda, que según dijo la semana pasada el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis, asciende a 2.000 millones de dólares.