En la segunda edición de un informe destinado a evaluar los riesgos para el consumidor en el terreno financiero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que las quejas recibidas por los supervisores en los países que han respondido a esa cuestión crecieron un 70 % entre 2024 y 2025.
El más importante de todos deriva de la digitalización, que está intensificando la magnitud y la sofisticación de los fraudes y las estafas en diversas formas, como el 'phising', el 'vishing', el 'smishing' o los ataques de ingeniería social, los robos de identidad, las falsificaciones y los contenidos engañosos generados por inteligencia artificial.
Un 69 % de las jurisdicciones que respondieron a los autores del estudio (hubo un total de 60 que estuvieron implicadas) reconocieron que los fraudes y las estafas digitales se incrementaron en 2025 respecto al año anterior.
Otro de los riesgos inducidos por la digitalización en el sector es la aparición de nuevas formas de exclusión de personas con bajas competencias en esas tecnologías o con pocos conocimientos financieros debido a que cada vez más los productos y servicios se contratan y se gestionan en línea, mientras se cierran sucursales bancarias.
El segundo mayor riesgo identificado en los países implicados en el estudio es el alto nivel de deuda de los consumidores, y que muchos de ellos anticipan que va a seguir aumentando en 2026.
Ahí el problema está en la rápida expansión de los préstamos y otros productos en línea que puede ocultar o cuando menos dificultar la transparencia sobre los costos reales o cuando menos puentear los consejos profesionales.
La OCDE señala igualmente que el gran desarrollo de la innovación en el sector financiero es muy útil para los consumidores cuando quieren ahorrar, solicitar préstamos o invertir, pero esa innovación también puede conducir a una mayor complejidad que hace que se sientan perdidos, advierte.
Eso es particularmente significativo con los activos digitales, que en 2025 fueron una de las principales fuentes de perjuicios para los consumidores en el sector de la inversión.
Algo que se ve agravado cuando hay falta de fiabilidad en la información, se utilizan prácticas comerciales agresivas o intervienen operadores que carecen de licencias.
Ante ese panorama, la organización insiste en que hacen falta marcos de protección de los consumidores eficaces, que les garanticen un trato justo y responsable, alineados con los principios elaborados por la propia OCDE con el G20.
También pide la presencia de mecanismos sólidos de supervisión y control del mercado para gestionar esos marcos de protección y afrontar las conductas indebidas.
Y dotar a los consumidores de las competencias necesarias para que puedan tomar las decisiones financieras informados, lo que implica iniciativas de formación en este terreno, así como protecciones para los que pueden ser vulnerables.