"La Constitución adoptada en 1995 jugó su papel. Nuestro país vivió bajo ese documento durante 35 años, pero el tiempo no se detiene", dijo tras depositar su voto en el Palacio de los Estudiantes de Astaná.
Destacó que la nueva Carta Magna, además de garantizar las libertades fundamentales, "reafirma la integridad territorial, soberanía e independencia de nuestro país", según informó la oficina de prensa de la Presidencia.
También ejerció su derecho al voto su antecesor y padre de la patria, Nursultán Nazarbáyev, de cuya sombra Tokáyev ha intentado alejarse desde su llegada al poder en 2019.
Casi 10.500 colegios electorales abrieron hoy sus puertas para la votación, en la que podrán participar 12,4 millones de habitantes de este país bañado por el mar Caspio y que limita con China.
Al mediodía ya habían acudido a las urnas más de 4,6 millones de kazajos o el 37,54 % de los electores.
Aunque ésta es la séptima consulta de ese tipo desde la independencia en 1991, en esta ocasión se propone modificar más del 80 % de las cláusulas contempladas por la Carta Magna.
"Un presidente fuerte, un Parlamento influyente y un gobierno responsable", es el eslogan con el que el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, convocó hace poco más de un mes el referéndum.
Los sondeos apuntan a que más de un 70 % de los kazajos apoyará esta reforma, aunque se desconoce si esto incluirá a los más jovenes, muy críticos con el aparato burocrático y a los que sobre el papel está dirigido el plebiscito, según admitió el presidente.
La Constitución entrará en vigor el próximo 1 de julio si la mayoría de votantes respalda las enmiendas en una consulta que sólo será válida si vota la mitad de los electores incluidos en el censo.
Tokáyev defiende que la nueva Constitución otorgará más facultades al Legislativo, un paso que debería democratizar un modelo político hasta ahora "superpresidencialista".
De hecho, la mayor novedad será la creación de un Parlamento unicameral (Kurultái) -hasta ahora había dos cámaras- con 145 miembros, que serán elegidos cada cinco años de manera proporcional por listas de partidos, y que excluirá la cuota presidencial.
Con todo, algunos analistas y observadores extranjeros, además de la oposición, advierten que, en realidad, la nueva Constitución reforzará el poder del presidente y no contribuirá a la separación de poderes.