Las nuevas inclusiones en la lista se refieren a diversas personas y entidades que desempeñaron un papel clave en la represión de las protestas callejeras de enero de 2026, que se saldaron con miles de víctimas civiles, explico el Consejo en un comunicado.
En concreto, el Consejo sancionó al viceministro del Interior de Irán para Asuntos de Seguridad y Orden Público, así como a varios comandantes de las ramas locales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) directamente implicados en la represión violenta de las protestas.
Además, incluyó en la lista al Cuerpo Mohammad Rasulullah, responsable de coordinar las fuerzas del IRGC y de Basij en Teherán, y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Imam Reza, que es la rama local del IRGC en la provincia de Khorasan Razavi, donde la represión de las protestas ha sido "especialmente brutal".
El Consejo incluyó también hoy en la lista a miembros del poder judicial que participaron en procesos contra manifestantes pacíficos, activistas civiles y sociales -entre ellos, activistas por los derechos de la mujer-, así como periodistas y activistas políticos críticos con las autoridades.
Algunas de las personas incluidas en la lista son responsables de obtener confesiones forzadas, de violar las garantías de un juicio justo y de dictar sentencias severas contra activistas pacíficos, explicó la institución.
Entre las personas incluidas en la lista figura el director de la Organización de Prisiones y Medidas de Seguridad y Educación de la República Islámica de Irán, bajo cuyo mandato "se han documentado graves violaciones de los derechos humanos en todas las prisiones iraníes", aseguró.
Entre ellas se incluyen la tortura y otras formas de trato o pena crueles, inhumanos o degradantes, como la aplicación de la pena de muerte a menores infractores, la detención arbitraria y el maltrato físico de disidentes políticos y personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, así como casos de violencia sexual y coacción contra reclusas.
Por último, el Consejo adoptó sanciones contra Naji Research and Development Company (NRDC), una empresa iraní de servicios informáticos y consultoría responsable del desarrollo de la aplicación móvil 'Nazer', utilizada por las fuerzas del orden de Irán como herramienta de vigilancia, así como al jefe de la Policía Cibernética de Teherán, que desempeña un papel clave en el filtrado y censura de contenidos en internet.
Las medidas restrictivas impuestas por el régimen por graves abusos y violaciones de los derechos humanos en Irán se aplican ahora a un total de 263 personas y 53 entidades.
Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos.
Las personas físicas también se enfrentan a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por el territorio de la UE.
También está en vigor una prohibición de exportar a Irán equipos que puedan utilizarse para la represión interna, así como equipos de vigilancia de las telecomunicaciones.
La UE introdujo en 2011 un régimen de respuesta a las graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Irán, consistente en medidas restrictivas que se han renovado anualmente desde entonces y cuya vigencia se ha prorrogado hasta el 13 de abril de 2026.