El programa se dirige a parte de los más de 10.000 manifestantes arrestados en aquella ola de movilizaciones, que desembocó en un profundo endurecimiento del marco legal y político en la excolonia británica.
Las protestas comenzaron como respuesta a un proyecto de ley que permitía la entrega de sospechosos a China continental y derivaron en un movimiento masivo en defensa de mayores libertades y de la autonomía del territorio.
Durante meses, decenas de miles de personas salieron a la calle en marchas pacíficas, pero también se registraron enfrentamientos, uso intensivo de gas lacrimógeno, cargas policiales y episodios de violencia, en uno de los periodos más convulsos desde la devolución de la ciudad a China en 1997.
El Gobierno terminó retirando la reforma, pero la crisis dio paso a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y de una nueva ordenanza, que han reducido de forma notable el margen de actuación de la oposición y de la sociedad civil, según observadores y grupos prodemocracia.
En una intervención radiofónica, Tang señaló que la mayoría de los jóvenes condenados por su participación en las movilizaciones ya ha cumplido las penas de prisión impuestas, mientras que “solo una minoría” permanece encarcelada, y que existe un grupo de detenidos que nunca llegó a ser acusado formalmente.
De acuerdo con su explicación, la Policía contacta de forma proactiva con algunos de estos últimos “dentro de los límites de la ley” para invitarlos a participar en actividades de carácter cívico y formativo, descritas como iniciativas positivas orientadas a guiarlos para que distingan “el bien del mal” y puedan “empezar de nuevo”.
Tang insistió en que la intención es ofrecerles una segunda oportunidad ya que, a su juicio, actuaron movidos por un “sentido de la justicia” tras dejarse influir por rumores sobre el comportamiento policial.
Al mismo tiempo, advirtió de que Hong Kong debe mantenerse vigilante frente a una “resistencia blanda” en ámbitos como los medios de comunicación, la cultura y las artes, y que, según sostuvo, se utiliza para cuestionar el principio de “un país, dos sistemas”, la autonomía de la región y el poder de dirección de Pekín sobre la urbe.
Juristas críticos sostienen que el esquema se suma a un marco legal que limita el derecho de manifestación y la libertad de expresión, y advierten de que la línea entre la reinserción y la disuasión política resulta difusa.
Estos sectores apuntan que la prioridad debería ser garantizar plenas garantías procesales en lugar de fomentar proyectos que pueden percibirse como mecanismos de control ideológico.