"Agentes de Interpol Argentina se han instalado en las inmediaciones de la casa de la familia de Apablaza y del departamento de sus hijas; su mujer y sus hijos son seguidos de modo permanente por policías. Esto es una injerencia arbitraria e ilegal que hemos puesto en conocimiento del juez", dijo a EFE Rodolfo Yanzón, representante legal del chileno en la causa judicial sobre su extradición.
Apablaza, de 75 años, llegó a Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 ante un pedido formal de Chile para que fuera devuelto a su país, se encuentra en libertad desde 2005.
En 2010, durante el gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), y tras un fallo judicial en favor de su extradición, obtuvo el estatus de refugiado, que fue revocado durante la Presidencia del conservador Mauricio Macri (2015-2019).
Desde entonces, el caso está judicializado y, según Yanzón, el estatus de refugiado sigue vigente a la espera de una resolución definitiva, tras dos fallos en contra de Apablaza (el segundo el mes pasado) y la presentación de un recurso extraordinario.
El abogado subrayó que la causa por el pedido de extradición, iniciada en 2010, es un procedimiento paralelo y que aquella solicitud se cerró tras el otorgamiento del asilo.
"Los chilenos y el Gobierno argentino, por ignorancia o conveniencia, insisten en que el proceso se suspendió y que solo falta una firma para su extradición. Están ejerciendo presión sobre el juez para que la autorice, cosa que no va a hacer, porque entiende la diferencia entre suspender y finalizar una extradición", mencionó Yanzón.
El abogado agregó que, en caso de que el cese del asilo quedara firme y Chile decidiera reactivar el proceso, debería iniciarse un nuevo proceso que llevaría a un juicio oral.
Bajo este planteamiento jurídico no sería posible la "inminente extradición" de Apablaza, como han venido publicando medios chilenos desde hace algunas semanas.
Tras su victoria electoral, en diciembre pasado, el recién investido presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, viajó a Buenos Aires para reunirse con Milei y expresarle su deseo de que Apablaza "sea sometido a proceso como corresponde" y enfatizó que debe ser juzgado en Chile.
El mes pasado, Kast celebró el último fallo argentino contra Apablaza y consideró que su estatus de refugiado tenía más motivaciones ideológicas que jurídicas.
El pasado miércoles, coincidiendo con la asunción de Kast, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) de Milei y exministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, defendió la extradición de Apablaza y consideró que "Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos".
"Yo no descarto que el Gobierno argentino, con el Gobierno chileno, estén preparando un clima propicio para una acción ilegal, un secuestro", advirtió Yanzón.
Si bien resaltó que "sin firma del juez no hay detención posible", no descartó que "lo agarren y lo manden al otro lado de la cordillera".
"Este escenario no lo podemos descartar, teniendo en cuenta quienes están en ambos gobiernos", matizó, en alusión a la cercanía de Kast y Milei, dos presidentes de ultraderecha y negacionistas de las dictaduras del Cono Sur, contra las que luchó la organización guerrillera a la que perteneció Apablaza hace más de 30 años.
Apablaza integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización nacida del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Mentor y referente de Kast, Jaime Guzmán fundó la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI), el partido que sostuvo la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990).
Además, fue el ideólogo y artífice de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura y vigente hasta hoy, aunque con varias reformas. Guzmán fue senador por la UDI durante un año y murió a causa de un disparo con 44 años, el 1 de abril de 1991, ya en democracia.