La solicitud, presentada por el Defensor del Pueblo, se basa en unos códigos de barra que aparecían en las papeletas utilizadas en las elecciones del 8 de febrero y que, según activistas, podrían desvelar el voto de los electores, lo que violaría el principio de secreto del voto recogido en la carta magna.
Si se dictaminara que se ha violado el secreto de voto se podría declarar nula la votación, según han apuntado varios expertos.
Por su parte, la Comisión Electoral aseguró que este código es un mecanismo de seguridad para garantizar que no haya falsificación de votos.
En su sesión semanal, los nueve magistrados del Constitucional aceptaron hoy la petición mediante una votación dividida (seis a favor y tres en contra) y reclamaron a las partes presentar sus argumentos en un plazo de 15 días antes de proceder con su revisión.
La decisión fue anunciada antes de que el jueves se reúnan los 500 diputados de la Cámara de Representantes en una sesión donde está previsto que se elija como primer ministro al conservador Anutin Charnvirakul.
Anutin, quien ocupa el cargo desde el pasado septiembre, tras una polémica decisión del Constitucional para destituir a su antecesora, resultó ganador de las elecciones al frente del partido Bhumjaithai, en contra de los sondeos previos, que apuntaban a la victoria del movimiento reformista que arrasó en los comicios anteriores y que no pudo gobernar por el veto de las fuerzas conservadoras.
Bhumjaithai, un antiguo partido regionalista de corte conservador que ha irrumpido en la política nacional, encabeza una coalición que ronda los 300 escaños -de un total de 500- con el apoyo del partido Pheu Thai de la dinastía Shinawatra, tercero en los comicios, y más de una decena de formaciones minoritarias.