La ministra de Inmigración, Erica Stanford, indicó que el proyecto, que debe pasar por el Parlamento, donde el actual Ejecutivo conservador cuenta con amplia mayoría, proporcionará a las autoridades "herramientas" para gestionar los riesgos migratorios, mientras se garantiza que el sistema es "justo, funcional y eficaz".
Entre los cambios se encuentra la ampliación de 10 a 20 años del periodo durante el cual un residente puede ser deportado si comete delitos graves.
También se pretende modificar los poderes de los funcionarios de inmigración para que estos tengan en cuenta los delitos graves cometidos por solicitantes de asilo en Nueva Zelanda durante el proceso de su evaluación sobre la condición de refugiado.
"Actualmente, si una persona que ha solicitado el estatus de refugiado ha sido condenada por un delito grave en Nueva Zelanda antes de que se determine su estatus, el Servicio de Inmigración no puede tenerlo en cuenta al tomar una decisión", apunta Stanford en un comunicado.
Según la ministra, en este momento hay 14 solicitantes de asilo en la nación austral que han sido condenados por delitos graves en el país, entre ellos asesinato y delitos sexuales.
Los tres partidos conservadores que forman el gobierno de coalición en Nueva Zelanda, país que celebrará elecciones generales en noviembre, han expresado previamente su intención de reforzar las leyes argumentando un supuesto aumento en el índice de criminalidad.
En 2024, una encuesta publicada por el medio público Radio New Zelanda reflejó que el 87 % de los neozelandeses consideran que ha empeorado la delincuencia en los últimos años, a pesar de que las estadísticas policiales reflejan lo contrario.