Los seis procesados se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados en la isla de Mallorca (Mediterráneo), donde se enfrentarán a penas solicitadas por el ministerio público que oscilan, según el grado de participación, entre los 3 y los 32 años y cuatro meses de cárcel.
La Fiscalía pide para la principal acusada una pena de 32 años y cuatro meses de prisión por presuntamente captar y prostituir a mujeres a las que hacía creer que habían contraído una deuda.
Según el escrito de acusación, se dedicaba, mediante contactos con personas de su confianza asentadas en Colombia, a traer a España a chicas jóvenes desde el país sudamericano a las que ofrecía facilidades a las víctimas para el viaje y falsas promesas de mejoras en sus vidas.
Una vez en España, aprovechándose de que no tenían contactos ni papeles, las forzaba a prostituirse para pagar el coste de su viaje.
La Fiscalía detalla que las condiciones en que se encontraban las víctimas eran abusivas, "cercanas a la esclavitud", puesto que debían estar disponibles 24 horas todos los días a la semana, dar lo que ganaban hasta haber saldado su deuda y permanecer en el piso que les asignaban durante al menos dos meses.
Otro de los acusados se encargaba de que hubiera drogas a disposición de los individuos que pagaban por estar con las víctimas.