De acuerdo con el mensaje publicado por Chen, el Tribunal Popular Intermedio de Changsha dictó sentencia este lunes y ordenó además la confiscación de 100.000 yuanes (14.500 dólares).
La condena se basó en "algunas publicaciones" de Xie en la red social local WeChat, según su relato.
Chen afirmó que durante el juicio no participaron abogados defensores y que, entre los asistentes, además de algunos familiares, había "decenas de personas desconocidas" que, según indicó, habrían sido organizadas para presenciar la vista.
Añadió que Xie expresó en la sala su intención de recurrir la sentencia.
La esposa del abogado también sostuvo que, durante la investigación, agentes de seguridad se llevaron una caja fuerte de su domicilio con dinero en efectivo.
Por su parte, la oenegé Human Rights Watch (HRW) consideró que la condena responde a "cargos con motivación política" y pidió su anulación inmediata, así como la liberación del letrado.
En un comunicado difundido este lunes, HRW señaló que el tribunal utilizó varias publicaciones en WeChat como base para el veredicto y denunció que el proceso estuvo marcado por "graves violaciones de las garantías procesales".
Según la organización, las autoridades prolongaron en trece ocasiones la detención previa al juicio, que se extendió durante más de cuatro años, y prohibieron la participación de sus abogados en las vistas.
Asimismo, indicó que el juicio celebrado en octubre de 2025 se desarrolló a puerta cerrada y que la familia fue informada posteriormente.
HRW sostuvo que el caso vulnera tanto normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo como disposiciones de la legislación procesal china relativas al derecho a la defensa, la publicidad de las vistas y los plazos de investigación.
Xie, de 54 años y originario de la provincia central de Hunan, comenzó a ejercer la abogacía en 2011 y ha representado a activistas y víctimas de abusos en casos considerados sensibles, incluidos asuntos relacionados con persecución religiosa y disputas por tierras.
El letrado ya había sido detenido en 2015 durante la campaña de arrestos masivos de abogados y activistas conocida como "709", tras la cual fue condenado por el mismo delito y permaneció en prisión hasta 2017, según la oenegé.
Posteriormente, fue detenido de nuevo en enero de 2022, tras implicarse en la defensa de un profesor internado en un centro psiquiátrico por criticar la censura en el sistema educativo, según organizaciones de derechos humanos.