"Desde entonces, no existe información oficial sobre su paradero", señaló la organización en una publicación en X.
Luego de siete años, prosiguió el OVP, el Estado venezolano no ha ofrecido respuestas, no ha garantizado una fe de vida y tampoco ha adelantado una investigación efectiva que permita esclarecer lo ocurrido.
La ONG recordó que la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad, establecido en el Estatuto de Roma, "considerando además que durante este tiempo el Gobierno ha protegido a los responsables del hecho".
Asimismo, exigió al Gobierno de Delcy Rodríguez dar una respuesta oportuna, clara y verificable a Beatriz Salas, madre de Marino, quien durante todos estos años ha exigido saber dónde está su hijo sin recibir información oficial.
"Frente a esta realidad, el Ministerio Público (Fiscalía) y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de actuar conforme a su mandato constitucional y no seguir como mudos y sordos frente a un caso de extrema gravedad", subrayó.
De acuerdo a medios locales, Hugo Marino llegó el 20 de abril de 2019 a Venezuela, a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, para pasar unos días con su familia.
Desde ese momento se desconoce el rastro del economista que dedicó parte de sus actividades a la investigación submarina y localización de aparatos siniestrados.
El portal de investigación Armandoinfo relató que aunque Marino nunca se identificó como militante de algún partido político, no ocultó su interés en los acontecimientos de Venezuela.
Durante 2019 y hasta su desaparición, prosiguió el medio, el economista compartió mensajes en apoyo al exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino para ese entonces en medio de denuncias de fraude en la reelección de Nicolás Maduro un año antes.
El pasado 21 de marzo, la Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente excarcelados, indicó que expusieron casos de desapariciones como la de Marino, así como la de Alcedo Mora, Víctor Quero Navas, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, a la comisión parlamentaria que hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amnistía promulgada en febrero.