El organismo especificó que ese autoritarismo se consolidó en febrero de 2025 con la entrada en vigor de una reforma parcial a la Constitución Política, además de otras normas "regresivas" que institucionalizaron la subordinación de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral al control presidencial.
"Estas medidas suprimieron definitivamente la separación de poderes y profundizaron el desmantelamiento del Estado de derecho, con el fin de cerrar cualquier vía para la restitución democrática", alertó la CIDH, que aseguró haber constatado que "el espacio cívico y democrático permanece completamente cerrado".
En 2025 persistió la criminalización sistemática contra activistas, religiosos y sectores políticos, mediante el cierre de organizaciones y persecución de voces críticas y allegados al sandinismo, según la CIDH que también denunció detenciones arbitrarias bajo condiciones deplorables, tortura, aislamiento y desapariciones temporales.
Además, señaló que las muertes ocurridas bajo custodia estatal reflejan el agravamiento de la violencia estatal y la completa ausencia de garantías del debido proceso y protección judicial.
Ese organismo también observó la intensificación de la represión transnacional del régimen nicaragüense contra personas exiliadas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que continúan su labor desde el exilio. Por ello, patrones constituirían graves violaciones a los derechos humanos conforme al derecho internacional.
Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales, eliminando a la oposición para no tener competencia y bajo una política cada vez más aislada de la comunidad internacional que mantiene el país en una profunda crisis.
En 2025, reformas legales desmantelaron la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes establecida desde 1987, centralizando el control ejecutivo sobre sus territorios, lo que amenaza gravemente su supervivencia física y cultural, según el organismo internacional.
La CIDH recordó que en otro informe publicado este año se documentaron ataques armados, asesinatos y desplazamientos forzados, agravados por concesiones extractivas sin consulta previa, lo que consolida un grave contexto de violencia y despojo contra los liderazgos comunitarios.
Finalmente, en 2025, la situación de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo independiente continúan siendo críticos, apuntó la CIDH, que observó la persistente represión contra la prensa, mediante detenciones arbitrarias, denuncias de desaparición forzada y otros hechos, incluso más allá de las fronteras.