La compañía, que contaba con una flota de cinco aparatos y operaba sobre todo en el Caribe francés (en las islas de Guadalupe, Martinica, San Bartolomé y San Martín), no encontró un comprador que, a los ojos del Tribunal, presentase una oferta convincente para salvaguardar la mayor parte de sus 116 empleos.
Air Antilles, que registra una deuda de 56 millones de euros, estaba bajo concurso de acreedores desde agosto de 2023, cuando la Justicia había nombrado a un representante judicial para gestionar la empresa hasta que se encontrase a un comprador.
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) había prohibido a la compañía operar desde el 8 de diciembre de 2025 por problemas de seguridad. Durante ese año, transportó a 121.000 pasajeros.