La directiva, aprobada en 2020, permite a organizaciones de consumidores demandar colectivamente en nombre de grupos afectados por prácticas comerciales ilegales para obtener compensaciones, reparaciones o sustituciones.
Su plazo de transposición a la legislación nacional venció en diciembre de 2022, tras lo cual Bruselas envió una primera carta de emplazamiento a España en enero de 2023.
Desde entonces, Madrid ha notificado la transposición "parcial" de la norma, pese a que la ley española ya prevé acciones de representación similares, según dijo el Ejecutivo comunitario este miércoles en su paquete de infracciones de abril.
No obstante, a España aún "le falta transponer elementos esenciales, como la posibilidad de que esas entidades presenten acciones transfronterizas", es decir, defender a los consumidores de otros países de la UE.
El Gobierno español tiene ahora dos meses para responder o tomar medidas, tras lo cual el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE, con posibles sanciones económicas.