Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de 11.241,13 millones de dólares en diciembre de 2025 a 11.476,32 millones el pasado marzo, un incremento cercano al 2,1 %.
Si se compara la deuda acumulada a marzo de 2026 con la del mismo mes de 2025, cuando sumaba 10.697,11 millones, existe un incremento de 779,21 millones de dólares, equivalente a aproximadamente al 7,3 %.
En enero, el Gobierno tomó 92,32 millones, en febrero fueron 46,76 millones y en marzo sumaron otros 96,11 millones retirados de los fondos de pensiones.
Estos recursos, que se estarían usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, el Gobierno los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar.
Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente 3.082,13 millones de dólares.
A esto se añaden 8.394,19 millones de dólares en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.
Esta reforma, según ha dicho el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevó a que el 89 % de los activos bajo la administración de las AFP, que para 2024 llegaron a 14.900 millones de dólares, se mantengan "en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras".
El FMI ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es "un fondo común para los afiliados de las AFP", que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.
Los salvadoreños están a la espera de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele presente una reforma al sistema de pensiones, comprometida con el FMI, cuyo plazo de entrega venció el 10 de febrero pasado.