La diplomacia azerbaiyana condenó enérgicamente las disposiciones "infundadas y parciales" del documento, subrayando que distorsionan la situación real y contravienen los principios de objetividad, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.
El Parlamento Europeo también respaldó los derechos de los antiguos pobladores de la República de Artsaj (Nagorno Karabaj), que huyeron en masa después de que Azerbaiyán controlase este disputado territorio, incluyendo el derecho al retorno seguro bajo garantías internacionales e indemnizaciones por la destrucción del patrimonio cultural armenio.
Bakú denunció que esta postura del Parlamento Europeo podría afectar negativamente tanto al proceso de normalización en la región como a las perspectivas de las relaciones entre Azerbaiyán y la UE.
Añadió que las acusaciones sobre la necesidad de devolver a los residentes armenios a Karabaj son "completamente infundadas" y constituyen una injerencia en los asuntos internos del país.
La diplomacia azerbaiyana indicó que "a pesar del plan de reintegración presentado en 2023, los residentes armenios abandonaron la región voluntariamente".
Además calificó de legalmente inaceptables las peticiones de liberación de personas de ascendencia armenia, a las que se hace referencia en la resolución como "prisioneros de guerra", al señalar que fueron condenados por delitos graves, incluidos terrorismo, sabotaje y crímenes de guerra.
También rechazó las acusaciones de "destrucción del patrimonio cultural y religioso", calificándolas de infundadas.
La parte azerbaiyana instó a la UE a "abstenerse de medidas que puedan perjudicar las relaciones bilaterales y el proceso de paz en la región".