Emiliano Rolón Fernández será recordado en la historia como el nefasto fiscal general del Estado que ha humillado y entregado la autonomía del Ministerio Público para convertirse en una simple oficina de trámites de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Bajo su mando, los fiscales Francisco Cabrera (recusado, pero reconfirmado por Rolón en una resolución subida en el sistema electrónico 4 minutos después de enviar la acusación), Verónica Valdez y Jorge Arce acaban de presentar la acusación por supuesto lavado de dinero contra los directivos del Banco Atlas; no como un acto jurídico con base documental sólida, sino como un operativo de sicariato fiscal diseñado para castigar a ABC Color.
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Sin importar la Constitución Nacional y el cumplimiento mínimo de las leyes, los representantes del Ministerio Público armaron un proceso a partir de órdenes concretas y comprobadas de Claudio Lovera, abogado de Domínguez, quien de esta manera consuma su venganza personal contra ABC, por publicaciones que lo vinculaban con el FIFAgate. No hay espacio para las coincidencias: la orden se ejecutó apenas 24 horas después de que Rolón se reuniera con el presidente Santiago Peña, quien no oculta su “alianza” con el titular de la Conmebol.
Rolón incluso ya adelantó, tras el encuentro con Peña, la decisión tomada: se resolverá en la audiencia preliminar, un trámite previsto luego de una acusación. Este sincericidio ocurrió ante las consultas sobre nuevas evidencias que desmontaban la farsa de la Confederación, como los acuerdos por US$ 51,2 millones firmados por Alejandro Domínguez con la familia Leoz, el 3 de abril y 31 de agosto de 2020, y que estuvieron ocultos por seis años.
A partir de esta acusación, los fiscales se convirtieron en gatilleros de intereses privados y políticos. La justicia deja de existir para dar paso a un régimen de persecución dirigida. El mensaje es claro: en Paraguay, la ley tiene precio y tiene dueño.
Un libreto que se siguió al pie de la letra
Todo comenzó el 4 de febrero de 2021. Claudio Lovera, abogado de Alejandro Domínguez, presentó una denuncia por supuesto lavado de dinero apuntando de forma temeraria exclusivamente contra el Banco Atlas. Lo que siguió fue una entrega absoluta de la soberanía del Ministerio Público con los fiscales Liliana Alcaraz (hoy titular de Seprelad) y Francisco Cabrera. Estos no solo dieron trámite a la denuncia, sino que empezaron a recibir “instrucciones” por correo electrónico.
El 9 de abril de 2021, quedó en un documento oficial, firmado por los fiscales Alcaraz y Cabrera, una órden concreta: “(evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición de Atlas, para mencionarlo)”.
De la fiscalía a la oficina de trámites
La sumisión llegó al punto del “copia y pega”. El 1 de julio de 2021, Lovera envió por correo los fundamentos para quebrar el secreto bancario ante la Superintendencia de Bancos. Ese mismo día, Alcaraz y Cabrera le pusieron membrete oficial y firma de la Fiscalía al texto redactado por el abogado de Domínguez. Repitieron la misma práctica el 12 de julio de ese mismo año para fundamentar un allanamiento, siempre con la caja de resonancia de medios aliados para amplificar el show mediático.
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La injerencia no tuvo fronteras. En agosto de 2021, Liliana Alcaraz, arrogándose la representación de la Fiscalía General, contactó a fiscales de EE. UU. para intentar perjudicar a Atlas, sin presentar prueba alguna. El libreto continuó el 16 de marzo de 2022, cuando Alcaraz recibió nuevas instrucciones vía correo eléctrónico para fabricar testimonios y relatos de hechos; órdenes que cumplió al pie de la letra enviando oficios a los testigos en el orden preestablecido por Lovera.
El “Sincericidio” en Mburuvicha Róga
Con la llegada de Emiliano Rolón a la Fiscalía General y el salto de Alcaraz a la Seprelad de Santiago Peña, el esquema se fortaleció. En noviembre de 2023, se sumaron a la causa los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez, cerrando el círculo de hierro de Cabrera.
El desenlace fue frenético. El 16 de mayo de 2024, Alejandro Domínguez en persona se reunió con Rolón para “urgir” el avance del caso. El resultado fue la imputación de octubre de 2025. Sin embargo, la farsa se desmoronó documentalmente el 27 de abril de 2026, cuando la Conmebol fue obligada a entregar acuerdos ocultados desde 2020 donde se declaraba “íntegramente reparada” por la familia Leoz, renunciando a cualquier acción civil o penal.
A pesar de que esta evidencia tumba cualquier “perjuicio” o base para el supuesto lavado, el engranaje no se detuvo. El 29 de abril de 2026, tras una visita de Emiliano Rolón al presidente Santiago Peña en Mburuvicha Róga, el Fiscal General cometió un “sincericidio”: adelantó que la decisión ya estaba tomada y que todo se resolvería en audiencia preliminar.
El golpe final contra ABC
A las 23:36, ignorando las pruebas demoledoras que exponían la farsa, los fiscales Cabrera, Valdez y Arce presentaron la acusación definitiva. La orden de Alejandro Domínguez y personeros de este gobierno ha sido cumplida. El Ministerio Público ha consumado el operativo de sicariato fiscal, dejando un mensaje tenebroso para la República: en Paraguay, la justicia es un arma que se manipula al mejor postor para ejecutar venganzas personales.
Conmebol: Pisotearon sus acuerdos
En la acusación, además de los directivos del Banco Atlas: Miguel Ángel Zaldívar, Jorge Vera, Celio Tunoli, Eleno Martínez, Eduardo Queiroz, como supuestos coautores, y José Miguel Páez, supuesto cómplice, fueron incluidas la viuda e hijas de Nicolás Leoz, María Clemencia Pérez de Leoz (supuesta autora), y María Celeste Leoz y Nora Cecilia Leoz (presuntas coautoras), respectivamente.
La Conmebol había firmado en 2020 acuerdos con las herederas en los cuales declaraba que ya “nada tenía que reclamar” y renunciaba expresamente a “cualquier acción civil, penal o de cualquier naturaleza” por cualquier daño “pasado, presente o futuro” realizado o atribuido a Nicolás Leoz, o que se relacionare “directa o indirectamente” con sus herederos y con la sucesión del extinto expresidente de la Conmebol. Este compromiso fue pactado tras recibir la entidad deportiva US$ 51,2 millones. Los fiscales piden juicio oral y público.