"Deseo resolver esto lo más rápido posible", afirmó Takaichi, coincidiendo con el 79 aniversario de la promulgación de la carta magna, al recordar que ya prometió durante su campaña establecer a las Fuerzas de Autodefensa "como una organización verdaderamente capaz dentro del marco constitucional".
El artículo 9 de la Constitución, redactada por Washington y adoptada en 1945 tras la derrota del país asiático en la Segunda Guerra Mundial, afirma que Japón renuncia "para siempre" a la guerra como derecho soberano. El gobernante Partido Democrático Liberal (PLD) mantiene desde hace décadas su ambición de reformar por primera vez la Constitución, y ampliar las competencias de las tropas japonesas.
Takaichi subrayó la necesidad de "enmendar y actualizar" la Constitución para adaptarla a un entorno de seguridad más complejo, con el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte entre otros factores.
El pasado noviembre, la mandataria invocó en el Parlamento el principio de la "defensa colectiva" introducido por su mentor, el asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, al mencionar una potencial intervención militar ante un ataque de China a Taiwán, desatando una crisis con Pekín que continúa.
Al margen de la controvertida revisión del artículo 9 y una mejora de las provisiones en torno al derecho a la educación, Takaichi subrayó que "lo más urgente" son las otras dos propuestas que el PLD se marcó en 2018.
Se trata del plan de reformar el sistema de distritos electorales combinados de los que sale la Cámara Alta del Parlamento, así como de añadir a la Constitución una cláusula de "estado de emergencia" que conceda al Gobierno y al Parlamento una autoridad especial en circunstancias como un ataque terrorista o un desastre natural.
Aunque Takaichi obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones generales anticipadas de febrero, logrando una supermayoría de más de dos tercios en la Cámara Baja, una reforma constitucional requiere también el apoyo mayoritario de la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está en minoría.
Además, la reforma, que en abril suscitó dos manifestaciones frente al Parlamento nipón de más de 30.000 personas según los organizadores para expresar su rechazo a lo que consideran un creciente militarismo, debe ser aprobada además en un referéndum nacional.