Frente a informaciones publicadas en medios eclesiásticos que cuestionan los procedimientos seguidos por Bertomeu y el nuevo canal de escucha para recibir nuevas denuncias, este conjunto de víctimas recordó en un comunicado que el comisario papal fue nombrado por el papa Francisco y ratificado ahora por León XIV para completar la misión.
"No es un capricho personalista, sino un ejercicio de la suprema potestad del Romano Pontífice para salvaguardar el bien común de la Iglesia cuando las estructuras ordinarias han fallado gravemente", señalaron las víctimas al apuntar que "Bertomeu ha demostrado de sobra lealtad al Santo Padre y competencia jurídica en esta y otras misiones delicadas (Chile, Paraguay, etc.)".
"La tarea del comisario no es solo 'liquidar' bienes, sino tutelar la vocación de quienes deseen continuar sirviendo a la Iglesia en otras realidades eclesiales, garantizar procesos canónicos justos y, sobre todo, reparar integralmente a las víctimas", agregaron.
Sobre sus apariciones en medios de comunicación, las víctimas consideraron que "la discreción absoluta es exigible en las fases delicadas de investigación". "Hasta que el Sodalicio no fue suprimido, monseñor Bertomeu nunca pronunció una palabra en público. La rendición de cuentas pública, en cambio, es exigible en la fase de reparación y purificación", añadieron.
Las víctimas apuntaron que, "quienes hoy critican la presunta 'improvisación' de monseñor Bertomeu fueron los mismos que durante años callaron, minimizaron o protegieron el escándalo, en especial la estructura económico-financiera del Sodalicio".
"Por ello, las víctimas del Sodalicio denunciamos que la verdadera amenaza a la seguridad jurídica no son los delegados pontificios que actúan con mandato papal, sino las redes que intentan perpetuar la impunidad bajo las banderas de 'tradición', 'supremacismo blanco' o 'derecho adquirido'", abundaron en el comunicado.
Así, valoraron que "la Santa Sede ha dado en este caso un paso decisivo: después de muchos años de tolerancia con los abusos eclesiales, por fin reafirma su compromiso de cero tolerancia con ellos, además de exigir transparencia en los procesos y reparación efectiva de las víctimas".
También recordaron que el Sodalicio albergaba "un falso carisma que originó dinámicas abusivas sistemáticas (sexuales, de conciencia, de poder y económicas), documentadas durante décadas", por lo que "suprimirlo y encomendar su liquidación ordenada a un delegado personal del papa es una medida proporcionada y canónicamente legítima".
"Es falaz argumentar que toda actuación de la Iglesia deba pasar exclusivamente por los cauces 'ordinarios' locales, especialmente cuando estos han demostrado inoperancia o incluso complicidad", señalaron las víctimas.
"El caso Sodalicio ha recibido atención especial porque constituye un escándalo internacional. Nacido en Perú, a causa de la negligencia eclesial de hace veinte años, con personajes como los cardenales Sodano o Cipriani, su abuso sistemático destrozó a cientos de personas en varios países", concluyeron.
Los abusos en el Sodalicio fueron destapados por primera vez en 2015 por los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, en el libro 'Mitad monjes, mitad soldados', donde revelaron los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales, económicos y patrimoniales.
El Vaticano, que hasta el momento ha recibido más de cien denuncias, ha ordenado la disolución del Sodalicio y de otras organizaciones anexas fundadas también por Figari y calificadas por la Santa Sede como sectarias.