"El Ministerio de Exteriores de Georgia enviará el 11 de junio una delegación a Bruselas para participar en la ronda de negociaciones, pero no aceptará exigencias concretas sobre la adhesión total a las políticas de sanciones de la UE", afirmó.
Recalcó que Tiflis "no tiene la intención de imponer sanciones a Rusia para evitar la destrucción del país y el peligro de una guerra".
Señaló que la UE "exige además cancelar los regímenes de exención de visado no solo con Rusia, sino también con China y otros países".
"No podemos hacer esto, limitar los viajes de turistas, de empresarios", sostuvo.
Además, señaló que Bruselas condiciona el mantenimiento del actual régimen de visados, que permite a los georgianos efectuar viajes turísticos sin necesidad de visa -aunque limita la posibilidad de trabajar- a la derogación de la ley aprobada en 2024 por el Parlamento georgiano 'Sobre la transparencia del financiamiento extranjero', conocida como la 'ley rusa de agentes extranjeros'.
"No nos queda claro qué relación tienen estas exigencias con la exención de visado. La liberalización del visado tiene sus mecanismos, pero ahora, en lugar de estos importantes criterios, Bruselas se ha inventado condiciones políticas para Georgia, que violan nuestro derecho soberano a definir por nosotros mismos nuestra agenda", dijo.
El próximo 11 de junio la UE celebrará negociaciones con Georgia sobre la posible derogación a partir de enero próximo del régimen de visados liberal por el deterioro democrático en la nación caucásica.
Ya el año pasado la UE canceló la exención de visados para las personas con pasaportes diplomáticos, y alertó que podría extender las medidas a los ciudadanos de a pie.
La Unión Europea suspendió la exención de visado para lo titulares diplomáticos, de servicio y oficiales georgianos por "violación deliberada y persistente" de los compromisos adquiridos entre Tiflis y Bruselas.
Entre ellos, señalan las acciones del gobierno georgiano en relación con la represión política y censura mediática en el país, "que dan lugar a violaciones de varios derechos fundamentales", así como negarse "a alinearse con la política de visados de la UE".