En concreto, los dos colegisladores comunitarios pactaron cómo acelerar la concesión de autorizaciones para proyectos de defensa y la exportación de material militar entre los países de la UE, indicaron las instituciones en sendos comunicados.
El objetivo es respaldar inversiones en defensa de hasta 800.000 millones de euros durante los próximos cuatro años en el marco del Plan ReArm Europe y la iniciativa Readiness 2030, para que la UE pueda responder mejor a los crecientes retos de seguridad.
El acuerdo provisional simplifica la gestión y la ejecución del Fondo Europeo de Defensa (FED) y aclara cómo se aplica la legislación de la UE en materia de medio ambiente y productos químicos a las actividades relacionadas con la defensa.
Da especial atención a la pymes -aumenta la bonificación en la tasa de financiación de los proyectos en los que participen- y mantiene la posibilidad de que la Agencia Europea de Defensa (EDA) actúe como un organismo central de compra.
Por otra parte, preserva los derechos de acceso a los productos los Estados miembros cofinanciadores, y da una "protección adecuada" de los derechos de propiedad intelectual de las empresas participantes.
Los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo fijaron en 102 días laborables, como máximo, la duración del proceso de concesión de autorizaciones, y respaldaron que una solicitud de autorización se apruebe tácitamente si la autoridad competente no ha tomado una decisión antes de que expire el plazo.
En principio, el plazo estará limitado a 42 días laborables pero, en función de cada caso, las autoridades nacionales pueden ampliarlo un máximo de dos veces hasta 60 días, en circunstancias excepcionales.
Al mismo tiempo, el acuerdo provisional garantiza que sigan siendo posibles las excepciones a la aprobación tácita: la legislación nacional podrá prever tales excepciones cuando exista un riesgo grave para la salud humana o la seguridad nacional.
Igualmente, eleva los umbrales de la Directiva sobre contratación pública en materia de defensa a fin de aliviar la carga administrativa y dar a las autoridades más tiempo para centrarse en los grandes proyectos, una norma de minimis para las modificaciones de los contratos y mayor flexibilidad en los acuerdos marco.
En particular, amplía la duración máxima de los acuerdos marco de siete a diez años e introduce una mayor flexibilidad para que los Estados miembros puedan llevar a cabo contrataciones conjuntas ocasionales.
Por último, el acuerdo provisional introduce dos nuevas licencias generales de transferencia obligatorias: una entre proveedores y destinatarios certificados, y otra para las transferencias en el marco de una asociación industrial intracomunitaria.
A continuación, el pacto deberá ser refrendado por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de someterse a una revisión jurídica y lingüística, antes de la adopción formal por parte de los colegisladores "en los próximos meses", precisaron las instituciones.
El ponente para el dosier del Parlamento Europeo, Pekka Toveri, lamentó en un comunicado que estas negociaciones "pusieron de manifiesto, en términos muy concretos, los principales puntos delicados y obstáculos que existen entre los Estados miembros a la hora de reforzar la industria de defensa europea".
La Comisión Europea había propuesto en junio de 2025 estas medidas de simplificación, reunidas en dos reglamentos, una directiva y diversos proyectos de reglamentos, a fin de facilitar las inversiones, las condiciones para la industria de la defensa y la contratación pública.