Los activistas, identificados como Fatema Rajwani, de 21 años, Samuel Corner, de 23; y Charlotte Head y Leona Kamio, ambas de 30, fueron encarcelados por "daño criminal" tras entrar en el edificio de la firma de defensa israelí Elbit Systems en Bristol, herir a un agente de policía y romper equipamiento tecnológico por un valor estimado de más de un millón de euros.
Corner, que durante el ataque golpeó dos veces con un mazo a la agente de policía Kate Evans, provocándole una fractura en la columna vertebral, recibió hoy en el Tribunal de la Corona de Woolwich, al sureste de Londres, la condena más amplia de los cuatro, de siete años y ocho meses de prisión.
Head y Kamio fueron sentenciadas a cinco años, y Rajwani a cuatro años y ocho meses, por su respectiva participación en la acción de protesta contra la sede del edificio israelí el 6 de agosto de 2024.
El juez Jeremy Johnson dictaminó que los activistas habían decidido "tomarse la justicia por su mano" puesto que, bajo su punto de vista, el Gobierno israelí está cometiendo un genocidio en Gaza y estaban "desilusionados" con los escasos esfuerzos que se estaban llevando a cabo para impedirlo.
La acción de los activistas de Palestine Action en Bristol, junto a otra de la misma organización en una base aérea de las Fuerzas Armadas británicas meses más tarde, llevaron al Gobierno británico a tomar la decisión en julio de 2025 de ilegalizar al grupo y clasificarlo como organización terrorista.
Esto convirtió en delito cualquier muestra pública de apoyo al grupo activista propalestino bajo la Ley de Terrorismo británica y ha provocado detenciones masivas en el país durante el último año.
Sin ir más lejos, este mismo viernes, la Policía Metropolitana de Londres efectuó al menos un centenar de arrestos en el exterior del tribunal, por mostrar apoyo expreso a Palestine Action en una manifestación convocada para respaldar a los encausados.
El pasado mes de febrero, sin embargo, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales dictaminó que la prohibición impulsada por el Ejecutivo laborista de Keir Starmer era ilegal, dando provisionalmente la razón al grupo propalestino y a la espera de conocer la decisión final de la Corte de Apelación.