El pacto entre los Veintisiete fija su posición para negociar con el Parlamento Europeo la versión final del programa Europa Global, por lo que el texto definitivo que surja de dichas conversaciones podría ser distinto al acordado entre las capitales.
En concreto, el texto acordado señala que este programa "debería contribuir a lograr retornos, readmisiones y reintegraciones seguros, dignos, sostenibles y eficaces, así como a soluciones innovadoras, incluso para prevenir y contrarrestar la migración irregular de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho internacional".
Es la introducción de este concepto de "soluciones innovadoras", que en la jerga comunitaria se utiliza para hacer referencia, entre otras cosas, a los centros de deportación de migrantes, la que abre la puerta a la utilización de fondos europeos para financiarlos, aunque también genera dudas sobre su implicación legal porque el texto solo las nombra en la parte expositiva de la ley y no en el articulado.
El secretario de Estado español para la Unión Europea, Fernando Sampedro, trasladó en un debate público el rechazo del Gobierno a incluir este concepto, aunque esté en la parte expositiva y aunque se aclare que "todas las acciones relacionadas con la migración deben llevarse a cabo con pleno respeto al derecho internacional".
"Desde el punto de vista español consideramos que los denominados centros de retorno no tienen cabida dentro de estas soluciones innovadoras y no deberían ser financiados con Europa Global", subrayó Sampedro ante el resto de socios comunitarios.
España, añadió, tampoco puede "suscribir" el concepto porque "no es el lenguaje acordado" por los líderes del bloque en las cumbres "ni en los reglamentos sectoriales" adoptados a nivel de ministros, al tiempo que recordó que el servicio jurídico del Consejo de la UE (que representa a los Estados miembros) ha aclarado "en numerosas ocasiones" la "indeterminación jurídica" de esta expresión.
Durante el mismo debate, la portuguesa Inês Domingos avanzó que su país también rechaza el concepto de "soluciones innovadoras", mientras que el francés Benjamin Haddad lamentó que su introducción "dé la impresión" de que podría financiar este tipo de iniciativas, aunque para París no tiene aplicación "operativa directa".
No obstante, la versión definitiva del reglamento que pondrá en marcha el programa Europa Global todavía puede cambiar porque debe ser negociada con el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2028.
El acuerdo de este martes tampoco incluye qué dotación tendrá, puesto que las cifras serán negociadas a nivel de jefes de Estado y de Gobierno durante los próximos meses. Sin embargo, los Veintisiete están examinando un borrador presupuestario que asigna 182.500 millones en siete años a este programa.
Este pacto llega apenas días después de que las instituciones de la Unión Europea hayan llegado a un acuerdo sobre el nuevo reglamento de retornos, que entre otras cosas permite la creación de centros de migrantes en terceros países distintos a los de su origen, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.
España se opuso también a este acuerdo y en una carta remitida al resto de embajadores de los Veintisiete ante la UE denunció que no cumple con el marco normativo europeo por "la renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno; las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros de retorno, y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas".
El pleno de la Eurocámara tiene previsto refrendar el nuevo reglamento de retornos mañana miércoles en una votación en la que no se esperan grandes sorpresas puesto que el texto ya recibió luz verde ayer por parte de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la institución.