"El Comité de Destitución sobre la Investigación de la Sección 89 resolvió hoy oponerse a la solicitud urgente presentada por el presidente", publicó el Parlamento en la red social X.
La solicitud de Ramaphosa, presentada el pasado viernes en el Tribunal Superior de Cabo Occidental, busca "detener al comité" en el avance de su investigación, según el organismo, en un caso relacionado con un informe de 2022 que acusa al presidente de una posible violación de leyes anticorrupción.
"Hasta que un tribunal emita una orden que disponga lo contrario, el comité sigue vinculado a la orden del Tribunal Constitucional y continuará cumpliendo con sus responsabilidades con diligencia y sin demora", añadió.
El comité, formado por 31 parlamentarios, también pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Thoko Didiza, que rechace la solicitud de Ramaphosa.
El caso de la destitución tendrá su primera audiencia los días 15 y 16 de julio en el Tribunal Superior de Cabo Occidental, tras reactivarse el 8 de mayo después de que el Tribunal Constitucional de Sudáfrica declarase nula la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 el citado informe.
En esa votación, el partido de Ramaphosa, el Congreso Nacional Africano (CNA), que entonces tenía mayoría absoluta en la Cámara, dio instrucciones a sus legisladores para que votaran contra la adopción del informe, lo que impidió la creación del citado comité y la apertura de un proceso para destituir al mandatario.
La decisión del Constitucional obliga al Parlamento a reanudar el proceso conforme al artículo 89 de la Constitución, que establece los motivos para destituir a un presidente por mala conducta grave, violaciones constitucionales o incapacidad.
El informe hacía referencia al escándalo del robo millonario en una granja propiedad de Ramaphosa en Phala Phala (norte), que llevó a un partido opositor minoritario a presentar una moción contra el presidente y a la creación de un panel independiente para analizarla.
Esa formación acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.
El escándalo estalló en junio de 2022, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser demandó al jefe de Estado, al acusarlo de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la finca, ocurrido el 9 de febrero de 2020.
La Presidencia ya negó entonces las acusaciones de Fraser y confirmó que hubo un robo ese día, pero el mandatario alegó que la suma sustraída fue de 580.000 dólares (algo más de 505.000 euros al cambio actual).