Asimismo, dispuso que se derogue toda norma de igual o inferior jerarquía que se contraponga con su disposición suscrita en el decreto, que entrará en vigor una vez que se publique en el Registro Oficial.
El decreto lo suscribió luego de que el pasado 9 de junio la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, aprobara la salida del país del Sucre con 86 votos, tras una solicitud presentada el pasado 21 de mayo por Noboa.
El análisis de la solicitud recayó en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, presidida por la oficialista Lucía Jaramillo.
Jaramillo dijo a inicios de mes que el Sucre fue "supuestamente presentado como integración, soberanía financiera y comercio regional", pero que en realidad propició "exportaciones ficticias, empresas fantasmas, fuga de capitales, lavado de activos y el uso de recursos públicos", operaciones de las que, aseguró, aún no se tiene "respuestas claras".
"Supuestamente iba a facilitar el comercio regional evitando el uso del dólar. En teoría, sonaba moderno, pero en lo práctico esto fue un acto de corrupción más del correísmo y ellos lo saben muy bien", afirmó la asambleísta en referencia al movimiento político liderado por el expresidente Correa.
Agregó que en la comisión a su cargo pudieron determinar que "el uso del sistema Sucre por parte de los operadores comerciales ha sido totalmente nulo" desde 2019.
Sin embargo, aseguró que Ecuador aportó "más de dos millones de dólares al fondo de reserva y convergencia comercial del sistema", dinero que se puso "en un fideicomiso en un banco de Venezuela".
"Es decir, Venezuela tomó el control del fondo y hasta la fecha del último informe del Banco Central todavía no había respuestas sobre estos recursos", añadió.
Agregó que el Sucre fue supuestamente utilizado por el empresario colombiano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y deportado a Estados Unidos, para aparentemente lavar dinero.
Pero la asambleísta del correísmo Bertha Vélez aseguró que la denuncia era un tema más político que técnico, ya que "no fue el sistema el que falló", sino que fue "abandonado" por los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).
Aseguró que, según datos del Banco Central del Ecuador, entre 2010 y 2015, el Sucre ejecutó 5.455 operaciones por un monto de 2.700 millones de dólares. "El 94,59 % de las operaciones benefició a los exportadores con mínimo costo estatal y beneficio concreto y directo para el sector productivo", indicó.