"Se está solicitando a los Estados miembros (de la OEA) que el tratamiento otorgado al régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo corresponda al de un régimen ilegítimo, tanto en su origen como en el ejercicio del poder", indicaron en una declaración plataformas de oposición, organizaciones de derechos humanos y espacios de la sociedad civil nicaragüense, principalmente en el exilio.
Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
La oposición nicaragüense argumentó que en la resolución "La situación en Nicaragua", aprobada por la Asamblea General de la OEA el 12 de noviembre de 2021, se declaró que las elecciones celebradas el 7 de noviembre de ese año no fueron libres, justas ni transparentes y carecieron de legitimidad democrática.
"Las organizaciones consideran que esta declaración debe traducirse en consecuencias políticas e institucionales concretas", alegaron.
Por tanto, además de declarar la ilegitimidad de Ortega y Murillo, los opositores piden a la OEA "que se reafirme el derecho soberano del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades mediante elecciones auténticamente democráticas".
Los opositores compartieron un documento a los representantes de la OEA en la Asamblea General en el que actualizan los ocho años de la crisis y dan a conocer la "grave magnitud de la represión y el desmantelamiento de la institucionalidad por parte del régimen", haciendo un llamado urgente para una salida pacífica y democrática, porque "Nicaragua no puede esperar".
Hasta mayo de 2026 permanecían al menos 46 personas presas políticas y nueve en condición de desaparición forzada, anotaron en el escrito.
A ello se suman la privación arbitraria de nacionalidad de 452 personas, el cierre de miles de organizaciones de la sociedad civil, la expulsión de periodistas y líderes religiosos y el desplazamiento de más de 850.000 nicaragüenses desde 2018, agregaron.
Además mencionaron la muerte bajo custodia estatal en mayo pasado del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, después de permanecer cerca de tres años detenido, incomunicado y en condición de desaparición forzada.
"El régimen solamente reconoció su detención cuando su estado de salud ya era irreversible. Es imperante la liberación de todos los presos políticos y sobre todo demandar pruebas de vida de todas las personas que están en condición de desaparición forzada", abogaron.
Por tanto, la oposición nicaragüense solicitó a los Estados miembros de la OEA "utilizar de manera coordinada todos los mecanismos diplomáticos, políticos e institucionales disponibles para encauzar la crisis hacia un salida pacífica, democrática y conforme al derecho internacional, poniendo su buenos oficios para alcanzar una transición política con la participación de los actores sociales y políticos de la oposición".