El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que concluyó con la condena del líder ultraderechista, le solicitó este miércoles a la Fiscalía un dictamen que diga si el hecho de que Bolsonaro tuviera un arma de fuego mientras gozaba de prisión domiciliaria puede considerarse una infracción lo suficientemente grave como para afectar ese beneficio.
El beneficio temporal concedido a Bolsonaro vence esta semana y De Moraes, que lo otorgó tras haber rechazado numerosas peticiones, tiene que decidir si lo prorroga o no.
El caso comenzó el pasado 15 de septiembre, cuando la Policía incautó una pistola Glock calibre 9 milímetros registrada a nombre de Bolsonaro que era transportada por un militar encargado de la seguridad del líder ultraderechista.
El exmandatario, que cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión, reconoció el martes ante la Policía Federal que el arma es de su propiedad y que estaba en su residencia mientras cumplía arresto domiciliario, porque en su casa había "tres mujeres" y que "no podía permanecer desarmado", según la estatal Agencia Brasil.
Para De Moraes, el hecho de que una persona privada de la libertad tenga un arma de fuego es una "una falta grave", de acuerdo con la legislación brasileña, por los riesgos que puede acarrear.
"Según la Ley de Ejecución Penal, es un delito grave que una persona condenada a prisión posea, indebidamente, un instrumento capaz de dañar la integridad física de otra persona", señala en el documento enviado al fiscal.
El parecer solicitado a la Fiscalía, que debe conocerse a más tardar el viernes, servirá de base para que el Supremo decida si mantiene las actuales condiciones de detención al exmandatario, si le impone nuevas restricciones bajo la prisión domiciliaria o si ordena su regreso a una penitenciaría federal.
La defensa de Bolsonaro sostiene que el hallazgo del arma no debería incidir en la decisión sobre la prórroga de la prisión domiciliaria, ya que las condiciones fijadas por el Supremo no exigían la entrega de las armas del ultraderechista.
Su abogado afirmó además que el expresidente únicamente pidió a uno de los militares responsables por su seguridad, al que se le incautó el arma en un retén, que comprobara el funcionamiento de la pistola.
El exjefe de Estado (2019-2022) comenzó a cumplir los 90 días de prisión domiciliaria temporal el pasado 27 de marzo por orden del Supremo, cuando fue dado de alta del hospital en donde estaba internado por una neumonía aguda.
Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018 y que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.
El exgobernante estaba recluido desde finales de noviembre pasado, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener un espacio mayor.