"No estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) o alguna otra empresa privada", afirmó en una publicación en sus redes sociales Arce (2020-2025), quien está encarcelado preventivamente desde diciembre por un caso de presunta corrupción.
El exmandatario boliviano indicó que la relación que tuvo durante su Gobierno con Rodríguez Zapatero "fue institucional y política" y que las "conversaciones" que tuvo con el político español se centraron en su mediación en la crisis interna que tuvo el entonces partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones de 2025.
Rodríguez Zapatero fue aliado político de Arce y del expresidente Evo Morales (2006-2019).
La cementera Soboce mantiene desde 2010 una disputa legal con la estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa) por la tenencia de acciones que permitirían a la primera empresa ampliar sus plantas regionales, lo que fue denunciado por la segunda como un caso de presunta competencia desleal.
Desde 2014, el caso involucró también al grupo peruano Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, que reclama una compensación por la reversión de esas acciones y mantiene litigios contra el Estado boliviano.
Al respecto, Arce aclaró que la disputa entre Soboce y el Grupo Gloria ante el Estado boliviano "no se generó durante su Gobierno" y recordó que en 2025 una resolución judicial concedió una tutela a favor de la primera, aunque esta fue impugnada por la Procuraduría General del Estado (PGE) ese mismo año.
El exmandatario señaló que, si hubiese tenido alguna participación en la resolución que favoreció a Soboce, su Gobierno "no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo". Además, recordó que el caso actualmente "está en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)".
"No se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a Soboce en relación con este caso con Fancesa, pues la última palabra debe ser emitida por el TCP", agregó.
El miércoles se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, fechado el pasado 22 de junio, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia orientada a "beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".
El informe incluye conversaciones de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como varias agendas del expresidente que han servido para apuntalar la última acusación del caso Plus Ultra, en el que se le investiga por el posible cobro de comisiones por su influencia en el rescate de esa aerolínea.
En el reporte aparecen figuras destacadas del Gobierno de Bolivia entre 2020 y 2025, incluidos Arce, tres de sus ministros, el entonces procurador boliviano Ricardo Condori y la exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015, Carmen Almendras.
Parlamentarios bolivianos oficialistas y opositores plantearon crear una comisión legislativa que investigue este presunto "tráfico de influencias".