En la antesala del partido que Paraguay disputará esta noche frente a Australia, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un contundente recordatorio dirigido a asegurados, funcionarios permanentes y contratados: los certificados de reposo médico son declaraciones juradas y cualquier falsedad en su tramitación puede derivar en sanciones administrativas, laborales, civiles e incluso penales.
Aunque el comunicado no hace referencia al encuentro de la Albirroja, su difusión coincidió con la expectativa por un eventual triunfo y los tradicionales festejos que podrían extenderse hasta la madrugada, alimentando las especulaciones sobre posibles ausencias laborales este viernes.
El reposo médico no es un simple justificativo
A través de la Circular PR/GPE-GS N° 001/2026, el IPS recordó que los certificados de reposo deben ser solicitados, expedidos y utilizados con estricto apego a la verdad clínica, la normativa vigente y los principios de ética, transparencia e integridad institucional.
La previsional enfatizó que el reposo constituye una declaración jurada de incapacidad laboral temporal, por lo que cualquier información falsa o carente de sustento médico representa una falta grave.
La advertencia no solo alcanza a los trabajadores que presenten certificados irregulares, sino también a los profesionales de la salud que emitan documentos sin respaldo clínico.
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Auditorías y controles
Como parte de los mecanismos de fiscalización, la Gerencia de Prestaciones Económicas, a través de la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios, anunció que realizará auditorías técnicas sobre los reposos emitidos.
El IPS podrá requerir informes médicos complementarios e historiales clínicos cuando detecte inconsistencias, reiteraciones o cualquier indicio de irregularidad, incluso en certificados de corta duración.
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Desde sumarios hasta denuncias penales
La institución advirtió que la presentación o validación de certificados con información falsa podrá dar lugar a acciones administrativas, laborales, civiles y penales, conforme a la legislación vigente.
Entre las consecuencias mencionadas figuran la instrucción de sumarios, la rescisión de contratos, la pérdida del derecho a percibir subsidios económicos y la comunicación de los hechos al Ministerio Público, con base en el artículo 243 del Código Penal.