La memoria también revela que la atención en los servicios jurídicos de Cáritas por las reformas en extranjería se dispara un 58 %.
Las 615.000 personas que van a Cáritas buscando alimentos ante los excesivos gastos en vivienda representan el 56 % de todas las personas atendidas por la red de la ONG repartida por España en 2025, según el informe, que constata que uno de cada diez hogares españoles (12 %) se ven afectados por "la inseguridad alimentaria", aunque no con la misma intensidad.
El 5,7 % lo vive de manera moderada, es decir, se han visto obligados a renunciar a una dieta saludable, reduciendo la cantidad de alimentos consumidos e incluyendo prácticas como saltarse alguna comida, lo que supone 2,8 millones de personas (en España viven 49,5 millones de personas).
Mientras, 686.000 personas (1,4 %) pasan días enteros sin comer por falta de recursos.
El informe corrobora que la vivienda y la alimentación son los capítulos del gasto a los que las familias españolas dedican mayor parte de sus ingresos, "y son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios".
La secretaria general de Cáritas, María González Dyne, recordó que solo en 2025 adquirir una vivienda se encareció un 13 % y alquilarla un 4 % "mientras que la inflación de los alimentos básicos sigue asfixiando los presupuestos familiares".
Según el informe, el 57 % de las personas atendidas en 2025 por la red de Cáritas eran migrantes, muchas de ellas en situación administrativa irregular.
"Nos encontramos con personas en situaciones de grave vulnerabilidad, ya que no tienen acceso a derechos y están expuestas a múltiples formas de discriminación", señaló la secretaria general.
Y es que siete de cada diez personas en situación irregular se encuentran en exclusión social.
Desde la ONG subrayaron que, además de la labor de acompañamiento, Cáritas está haciendo "un esfuerzo importante en el ámbito de la incidencia política".
El trabajo en red ha permitido apoyar de forma sostenida la tramitación en el Congreso de una iniciativa legislativa popular (ILP) que ha concluido en un real decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes al que se han presentado más de un millón de solicitantes.
Precisamente en el día que termina el plazo para presentar las solicitudes de ese proceso de regularización, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, recordó que la ONG fue una de las organizaciones originarias de la iniciativa y señaló que les sorprenden las cifras: "Nunca pensamos que íbamos a llegar a casi un millón de personas. Ojalá lo consigan, era nuestra misión".