La indagación de la Fiscalía logró establecer que, entre 2016 y 2018, los condenados utilizaron oficios judiciales falsificados para autorizar la escucha ilegal de teléfonos de periodistas y denunciantes de irregularidades al interior del Ejército, incluidos civiles y exfuncionarios castrenses, al margen de lo establecido en la Ley de Inteligencia chilena.
Dichas interceptaciones, según constató la investigación, fueron impulsadas bajo supuestas amenazas a la seguridad nacional que jamás existieron.
Ambos condenados aceptaron someterse a un juicio abreviado, procedimiento penal que exige el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados y que permite resolver una investigación de forma rápida sin necesidad de pasar por un juicio oral, logrando además la reducción de las penas.
"Se trata, para nosotros, de una salida satisfactoria. Era importante poder consolidar una resolución condenatoria. Se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público", señaló la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong.
"En al menos 15 oportunidades, el Ejército, a través de la Dirección de Inteligencia, interceptó ilegalmente haciendo uso indebido de las prerrogativas que le otorga la Ley de Inteligencia a distintas personas, entre ellas periodistas y exfuncionarios del Ejército", detalló la persecutora.
Por su parte, el periodista chileno de investigación Mauricio Weibel, víctima en el proceso, valoró la resolución judicial: "Esta es la primera vez que se condena a un juez y a un jefe de Inteligencia de un Ejército por espiar a un periodista y es una señal tremenda al mundo".
Weibel reveló en 2015 el desfalco al interior de Ejército a raíz de malversaciones de fondos públicos con dinero proveniente de la antigua Ley Reservada del Cobre -derogada en 2019-, un caso catalogado como 'Milicogate' y que a la fecha cuenta con condenas en primera instancia de doce años contra exaltos oficiales y donde aún se busca esclarecer el destino de más de 6.000 millones de pesos chilenos.