"Han perdido el acceso a la vivienda subvencionada, las pensiones, los seguros sociales, servicios bancarios y a oportunidades de educación y atención sanitaria en igualdad de condiciones con los nacionales kuwaitíes", enumera en una entrevista con EFE la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem.
"También tienen restricciones a viajes y libertad de circulación, así como tensiones para mantener la unidad familiar, y dificultades para conservar sus empresas y empleos", agrega.
Todo comenzó con una campaña en marzo de 2024 capitaneada por el emir Mishal al Ahmad Al Sabah, que ascendió al trono un año antes tras la muerte de su hermanastro, el efímero gobernante Nawaf al Ahmad al Sabah (2020-2023).
Esta ola represiva se ha centrado en la desnaturalización masiva de mujeres que habían adquirido la nacionalidad kuwaití de conformidad con la Ley de Nacionalidad de Kuwait de 1959, que otorgaba a una mujer extranjera o apátrida, casada con un ciudadano kuwaití, la posibilidad de adquirir la nacionalidad tras cumplir estrictos requisitos, entre ellos renunciar a su nacionalidad de origen, si la tuviera.
Alsalem tiene la "certeza" de que un total de 70.000 personas, entre ellas hombres y niños, se han visto afectadas desde hace casi dos años. Y este es el "mínimo" que estima, ya que el Gobierno kuwaití no publica cifras.
Pero el total, apunta, podría alcanzar los 300.000: "Todo indica que más personas, incluidas mujeres y sus personas dependientes, continúan siendo privadas de su nacionalidad".
En cuanto a las mujeres -se estima en 40.000, la gran mayoría casadas con kuwaitíes, de acuerdo con diferentes fuentes-, la pérdida de la nacionalidad ha tenido unas consecuencias que son "devastadoras", según Alsalem.
Pero el problema no es solamente una "cuestión de cifras", sino que la gravedad viene porque ciudadanos kuwaitíes -la inmensa mayoría de los cuales adquirieron la nacionalidad de "manera legal y legítima"- han sido "privados retroactiva y arbitrariamente de la nacionalidad kuwaití, sin acceso a un recurso efectivo ni a un procedimiento de revisión o apelación independiente", apunta la relatora de la ONU.
Kuwait, con una población de más de 5 millones -de los cuales poco más del 30 % son kuwaitíes- ha defendido estas medidas para "reconfigurar la demografía", "preservar la identidad nacional" y "devolver al país a su pueblo original", dice a EFE el académico Ahmad Benswait, de la University College London (UCL).
La versión oficial es que la revocación se realiza a todos aquellos que adquirieron la nacionalidad de forma "fraudulenta".
A esta campaña se añade que el pasado abril se publicaron unas enmiendas a la Ley de la Ciudadanía introduciendo nuevos requisitos y procedimientos relativos a la naturalización -que clasifica a los nacionales como kuwaitíes por origen o por naturalización- para la pérdida, la retirada o la revocación de la nacionalidad.
Ahora el Ministerio del Interior tiene más poderes para dictar resoluciones en estos casos.
También preocupa el riesgo de que estas políticas den lugar a "nuevos casos de apatridia o a situaciones de facto similares a la apatridia, particularmente cuando las afectadas no tienen otra nacionalidad efectiva o encuentran obstáculos para ejercerla", algo en lo que el país ya se enfrenta desde hace décadas con la situación de los bidún, según Alsalem.
Los bidunes son una minoría árabe, descendientes en su mayoría de tribus nómadas que se asentaron en Kuwait pero no fueron incluidos como ciudadanos en el momento de la independencia del país en 1961.
Todos ellos están clasificados como "residentes ilegales" por Kuwait y se estima que hay hasta 120.000 en el país, de acuerdo con informes de países como el Reino Unido, uno de los que más da asilo a estas personas.
Benswait, cuya investigación se centra en determinar si la privación arbitraria de la nacionalidad que conduce a la apatridia puede ser reconocida como un crimen de lesa humanidad en el derecho penal internacional, indica que sí existe un "riesgo real" de que estas medidas generen nuevos casos de apatridia.
"Dado que las medidas de revocación de la nacionalidad se aplican colectivamente al cabeza de familia, su cónyuge y todos sus hijos y nietos, estas pueden considerarse una forma de castigo colectivo", según el investigador.
Ellas tuvieron que renunciar a sus países de origen que "ya ni existen, como la antigua Unión Soviética, o proceden de países inmersos en conflictos armados o donde las mujeres sufren discriminación por razón de género, como Palestina, Jordania, Ucrania, Afganistán, Sudán, el Líbano e Irán", zanja.