El medio filipino ANC transmitió en directo el momento en el que Marcoleta, vinculado al clan Duterte, acudió a un tribunal en Manila para responder a una orden de arresto después de que la Defensoría del Pueblo lo acusase de no declarar 75 millones de pesos filipinos (1,2 millones de dólares) durante su campaña al Senado en 2025.
Esta acusación generó la semana pasada protestas masivas en Manila de seguidores de la Iglesia Ni Cristo, una organización religiosa con mucha influencia en la política del archipiélago y cercana al expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), padre de la vicepresidenta.
El arresto se concreta el mismo día que comenzará en el Senado el proceso contra Sara Duterte, quien, de ser hallada culpable, podría ser apartada de por vida de la política a pesar de postularse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028.
Cuando se presentó el caso en su contra, Duterte sumaba un cómodo respaldo en el Senado que hacía muy complicada una condena. Pero, en la actualidad, con un senador a la fuga y dos detenidos, los apoyos de la vicepresidenta se encuentran en mínimos.
Desde mediados de mayo permanece en paradero desconocido el senador Ronald dela Rosa para evitar una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por su implicación en la guerra contra las drogas impulsada por Rodrigo Duterte, cuyo juicio por delitos de lesa humanidad está previsto que empiece en noviembre.
Además, en junio las autoridades arrestaron al senador Jinggoy Estrada acusado de "saqueo" y un tribunal emitió una orden de detención contra Marcoleta, hoy arrestado. Los tres están vinculados al clan Duterte y quedarían excluidos de participar en el juicio.
"No hay pruebas, pero se puede sospechar de la interferencia del Palacio Presidencial sobre lo que sucede en el Senado", dijo a EFE Dennis Coronación, decano del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Santo Tomas.
Estos cambios dejarían los apoyos firmes de Duterte en nueve, mientras que sus detractores se mantendrían en doce, según los académicos.
En un Senado mermado a 21 miembros, el debate radica en si esos "dos tercios" se calculan sobre el total de 24 senadores (16 votos para condenar) o sobre los legisladores activos, un escenario que rebajaría a 14 los votos necesarios para apartar a Duterte del cargo.
Ante la ambigüedad, Coronación sugiere la posibilidad de que Fiscalía o Defensa consulten al Supremo para aclarar este punto.