Cuba expone el alcance de sus reformas económicas para las empresas estatales y privadas

La Habana, 8 jul (EFE).- El Gobierno cubano expuso este miércoles el alcance de las medidas referidas al modelo de gestión de los actores económicos estatales y privados, incluidas en el paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas este junio con el fin de liberalizar y descentralizar la economía de la isla.

Directivos del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE) y el de Actores Económicos No Estatales, señalaron que las medidas se enfocan en "impulsar, dinamizar y hacer crecer" el tejido empresarial para que sea "más diverso" y se articule con el objetivo de generar la riqueza que necesita el país.

La directora del sistema empresarial del MEP, Yovana Vega Mato, resaltó que las nuevas disposiciones proponen una "alta interrelación" entre los actores estatales y los privados.

Precisó que en total ya suman 23.172 las entidades empresariales en la isla, entre las cuales se encuentran 2.803 estatales, 15.200 mipymes privadas, 4.966 formas cooperativas, 131 empresas mixtas y 72 de capital extranjero.

La funcionaria explicó que entre las facultades y flexibilizaciones a los procesos se está buscando que "todos los actores se gestionen en similares condiciones en la economía".

Con las reformas aprobadas y en proceso de implementación se permitirá la creación de empresas privadas de mayor escala, sin límite de tamaño, y los ciudadanos podrán constituir más de una compañía. Asimismo, se abre la posibilidad de que inversionistas extranjeros participen directamente en negocios privados, sin la obligación de asociarse únicamente con el Estado.

Las autoridades también prevén una simplificación de trámites para la apertura de empresas, uno de ellos -según indicó Vega- contempla que no se va requerir de una autorización del MEP para crear una empresa.

Por su parte, el presidente del INAEE, Roberto Ricardo Marrero, señaló que con las reformas se amplían las facultades y autonomía de la empresa estatal que podrá crear filiales y mipymes estatales, definir su objeto social, y también aprobar precios y salarios a sus trabajadores, así como sus principales inversiones.

Asimismo señaló que las entidades estatales van a contar con sus propias divisas y van a estar en similares condiciones que las del sector privado.

En el caso de las empresa privadas, la responsable del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Mercedes López Acea, señaló que con las nuevas medidas se ha simplificado el término para la aprobación de las mipymes a unos 20 días para que puedan proceder a la constitución de las empresas.

También indicó que se ha eliminado el límite de cien empleados en las entidades privadas que además de su actividad principal tendrán la prerrogativa de "ampliar, diversificar o desarrollar otras actividades de producción y servicios".

López explicó que también se permitirá ser titular de más de una empresa o mipyme, crear empresas mixtas entre estatales y privados o con empresas extranjeras, realizar importaciones de manera directa, y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas.

Avanzó que en los próximos días se publicará que más del 62 % de las actividades hasta ahora prohibidas para el sector no estatal "se liberan o flexibilizan".

El Gobierno cubano aprobó 176 medidas que buscan flexibilizar su modelo económico, ampliar el rol del sector privado y abrir nuevas vías a la inversión extranjera, en medio de una profunda crisis y tensiones con Estados Unidos.

Las reformas llegan en un contexto en el que la economía cubana se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de la sanciones estadounidenses y las fallidas medidas internas en materia monetaria y económica.

A ello se suma desde enero la política de máxima presión del Gobierno de EE.UU., que exige cambios políticos y económicos profundos con un cerco petrolero y una serie de sanciones secundarias que afectan directamente a entidades extranjeras.

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