Asfari, de 56 años y que cumple una condena de 30 años en la cárcel de Kenitra, al norte de Rabat, inició el pasado 8 de junio una "huelga de hambre indefinida" en demanda de una revisión de sus condiciones, atención médica adecuada y su traslado a una prisión en el territorio del Sáhara Occidental.
La Delegación General para la Administración Penitenciaria de Marruecos informó este martes de que "su situación es normal y que, desde el inicio de la huelga de hambre, está sometido al protocolo establecido para los reclusos que realizan este tipo de protesta".
Asfari "ha recibido visitas de los organismos judiciales competentes y de miembros del Consejo Nacional de Derechos Humanos", según un comunicado de la institución marroquí.
"También ha sido entrevistado en varias ocasiones por el director del centro penitenciario con el objetivo de convencerlo de poner fin a la huelga", agregó.
Las autoridades marroquíes consideran que las demandas del activista saharaui "no tienen ningún fundamento jurídico" y no es posible su traslado al sur del país por "la inexistencia en esas regiones de un centro penitenciario destinado al cumplimiento de condenas de larga duración".
Asfari está considerado líder del llamado 'grupo de Gdaim Izik' y fue condenado en 2017 a treinta años de prisión por la muerte de once agentes de seguridad marroquíes durante el desmantelamiento de un campamento de protesta saharaui en 2010 en la localidad de Gdaim Izik, en las afueras de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.
El activista y una veintena de compañeros suyos fueron declarados culpables de homicidio y formación de banda armada, entre otros delitos, aunque organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional sostienen que los juicios estuvieron marcados por irregularidades procesales.
La asociación de familiares de presos saharauis del 'grupo de Gdaim Izik' se movilizó la pasada semana frente a la sede de la Administración Penitenciaria en reclamo de la "restitución" de derechos de los reclusos y en solidaridad con Asfari.
Los familiares consideran una "grave violación del derecho internacional humanitario" mantener a los condenados en prisión "sin una base jurídica justa y privarlos de su derecho a un juicio justo y de las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
El colectivo denuncia "prácticas que constituyen tortura física y psicológica", en particular por "la privación de la atención médica necesaria y su sometimiento a aislamiento prolongado", y una "impunidad sistemática" por "la ausencia de toda investigación independiente sobre su situación y en la reiterada negativa a permitir visitas de organismos imparciales de derechos humanos".
La organización reclama la excarcelación de los presos civiles saharauis y la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.