En un comunicado, el Ejecutivo anunció la intención de elevar de uno a tres años las penas de prisión y la multa de los 15.000 a 45.000 euros, "en un contexto marcado por la rápida evolución" de las injerencias y "ante la proximidad de las próximas citas electorales" en 2027.
La pena de cárcel subiría además hasta un máximo de seis años en caso de que la infracción se cometa "con el fin de servir a los intereses de una potencia extranjera, o de una empresa u organización extranjera o bajo control extranjero".
"Las operaciones de injerencia digital extranjera buscan sembrar la confusión y polarizar a la sociedad para erosionar la confianza en las instituciones", advirtió el Gobierno, en un proyecto de ley presentado por el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez.
Además del endurecimiento de penas y multas, el texto contempla la creación de "un nuevo procedimiento sumarísimo" que permita al presidente de un tribunal judicial especialmente designado ordenar -a petición de la Fiscalía o de cualquier persona con interés legítimo para actuar- "todas las medidas proporcionadas y necesarias para poner fin a la difusión" de contenidos "inexactos o engañosos".
París convocó recientemente a la representación diplomática de Rusia en Francia para expresarle su "condena" a "las ciberactividades maliciosas" que París atribuye a los servicios secretos rusos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha acusado a Moscú de estar detrás de "una vasta campaña cibernética" contra países europeos que tiene como objetivo "empresas, ministerios y operadores cuyo objetivo es capturar información o sabotear" el funcionamiento de infraestructuras.