"Lo único que hemos visto, señores jueces, es que la Fiscalía no ha podido probar nada de lo que prometió. Dijo que iba a probar (la existencia de) una estructura criminal con saco y corbata. Como es mentira, no lo ha podido probar", afirmó Alvarez en el testimonio que rindió durante más de dos horas en la etapa final del juicio en su contra.
"Sería mucho más honroso, no sé cuándo lo vamos a ver en este país, que la Fiscalía, después de un juicio en el que no ha probado nada, diga que la verdad es que no hay caso y que el tribunal lo archive", añadió desde un juzgado de la provincia de Santa Elena, donde está ubicada la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa para albergar a líderes criminales, y donde está recluido desde marzo.
El alcalde de la ciudad más poblada del país está involucrado, junto a otras veinte personas y empresas, en una investigación que nació en julio 2024, a raíz de una denuncia de la estatal Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), por supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado como parte de algunas empresas de su negocio familiar.
Esto habría causado un perjuicio de 61,5 millones de dólares, al supuestamente haber sido comercializados en zonas fronterizas a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales, de acuerdo con la Fiscalía.
La Agencia también informó de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel de los que podían almacenar de forma autorizada.
Sin embargo, Alvarez dijo que la ahora exfuncionaria del ARCH que puso la denuncia, por la que se inició este caso, posteriormente amplió su versión y señaló que había presentado bajo supuestas presiones un alcance a esa acusación que incluyó volúmenes de despacho y una mención a un delito de delincuencia organizada.
Ese documento, según la versión ampliada de la denunciante, fue supuestamente realizado por órdenes de un funcionario del entonces Ministerio de Energía y Minas, bajo supuestas presiones de José Julio Neira, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y actual Secretario de la Administración Pública.
"Primero se buscó el título: Triple A, que significa Aquiles Alvarez alcalde, y después se buscó cómo armar una denuncia", señaló el funcionario acusado.
El político también mostró su preocupación porque la denunciante no ha comparecido ante los jueces, pues no ha sido localizada.
Alvarez explicó cómo operaban sus empresas y negó el supuesto desvío o contrabando de combustible. Ni la Fiscalía ni el ARCH quisieron interrogarlo.
El alcalde también está en la cárcel por otros dos casos, uno por supuesto lavado de dinero, también relacionado con su negocio familiar, y por la supuesta manipulación y retiro del grillete electrónico que se le había ordenado llevar desde 2025 como medida alternativa a la prisión en uno de esos procesos.