Grande-Marlaska agregó que el Gobierno español estudiará el resto de los casos de inmigrantes que aún permanecen en la ciudad norteafricana, fronteriza con Marruecos, para que sean devueltos los que no tengan derecho a permanecer en España.
El ministro ofreció esos datos en una rueda de prensa tras participar en la reunión de los titulares de Interior de la Unión Europea, que mostraron su "firme solidaridad" con España tras la crisis migratoria en Ceuta y destacaron la necesidad de "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.
El ministro explicó que el Gobierno está haciendo trámites para "resolver la situación de ilegalidad" del resto de personas que aún no regresaron a Marruecos, de modo que las que no tengan derecho a permanecer en España serán "expulsadas", siempre con "cumplimiento estricto" de la ley española e internacional y de acuerdo a la protección de los derechos humanos.
Tras asegurar que España no recibió ningún aviso ni informe de los servicios de inteligencia que alertara sobre una crisis de tal magnitud como la ocurrida en Ceuta la semana pasada, el ministro puntualizó que lo que se esperaba era un repunte de llegadas irregulares propio del periodo estival.
Repunte que podría estar acentuado por un posible efecto de una sentencia del Tribunal Supremo español en relación con las conocidas como "devoluciones en caliente" (expulsiones inmediatas) desde Ceuta y Melilla a Marruecos, para lo que ya se habían reforzado con los medios necesarios.
Destacó Grande-Marlaska que las medidas adoptadas hasta ese momento permitieron reducir un 30 % las entradas irregulares al conjunto de España en lo que va de 2026 respecto al año pasado.
En la misma línea, el ministro aseguró que ya se estaba trabajando en algunas medidas ante el incremento de entradas en los días anteriores a la gran llegada masiva del pasado jueves, ya que en una semana accedieron a la ciudad autónoma 1.000 personas, fundamentalmente a nado.
Sobre la disposición de medios, Grande-Marlaska aseguró que el aumento de 18.000 agentes -hasta los 160.000- desde que llegó al Gobierno en 2018 permite que hoy haya en Ceuta un 10 % más de policías nacionales y guardias civiles con carácter permanente.
Este refuerzo, que responde según el ministro a un compromiso del Gobierno de los últimos ocho años, se traduce en otras medidas como la instalación de una barrera neumática y boyas para establecer un límite fronterizo físico entre España y Marruecos en el mar, y otras inversiones comprometidas "y que ya se están ejecutando" en materia de seguridad.