Según un comunicado del Ejecutivo, España ha repetido que todos los asentamientos israelíes en territorio ocupado son contrarios al Derecho Internacional, ya que dificultan la creación de una solución para ambos estados y las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz.
El Gobierno español pidió a Israel que revierta la decisión y cumpla sus obligaciones internacionales, a la vez que instó a la comunidad internacional a que asuma sus responsabilidades para avanzar hacia una solución de los dos estados que permita una paz justa y duradera.
El pasado 18 de agosto el Gobierno israelí anunció una nueva licitación para construir 1.234 viviendas, parte del controvertido plan E1 con el que busca dividir el norte y sur de Cisjordania ocupada desoyendo el rechazo de la comunidad internacional.