Así lo anunciaron el presidente de esta fuerza política, Fernando Pereira, y los legisladores que trabajaron en una comisión investigadora bicameral en la Asamblea General para esclarecer los detalles del fallido acuerdo.
El Frente Amplio entiende que la empresa cometió fraude, pero que estos hechos "no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso".
"El primer responsable político de esta situación es el expresidente Luis Lacalle Pou (...) por haber respaldado políticamente todo el proceso de adquisición de las OPV, por la forma irregular con la cual se actuó", manifestó el senador Nicolás Viera.
El oficialismo entiende que estas irregularidades deben ser investigadas por la Fiscalía y espera contar con el respaldo de todo el Parlamento nacional para denunciarlos.
Según detalló el diputado Joaquín Garlo, hubo irregularidades en "el otorgamiento de prórrogas sin registros por parte de la administración pública" y en "la omisión de cursar la comunicación de no entrada en vigor por incumplimiento del contrato".
También en "la autorización de pagos invocando un análisis de documentación que nunca se tuvo a la vista", en la "la autorización de pagos sin control de documentación, sin traducción de documentos en inglés y documentación sin apostillar" y en "la ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones esenciales para la protección de los dineros públicos".
El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.
No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce —que debía ofrecer el aval— se encontraba en proceso de liquidación.
Desde Vigo, Cardama negó entonces haber cometido fraude alguno y sostuvo que las garantías fueron presentadas, aceptadas y renovadas conforme al contrato.
La compañía defendió que cumplió sus obligaciones contractuales, afirmó que la construcción de las patrulleras estaba en marcha y manifestó su disposición a sustituir la garantía si fuera necesario.