El mandato de este comité no consiste en supervisar directamente el cumplimiento del derecho internacional humanitario en conflictos armados, sino vigilar que los Estados respeten la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la que obliga a los Estados parte a garantizar los derechos que ésta protege sin discriminación por motivos de raza, color u origen nacional o étnico.
Es desde esta óptica que el Comité se ha pronunciado sobre la situación en el Líbano, ya que los expertos consideran que determinadas actuaciones y declaraciones en el contexto de las operaciones militares israelíes plantean cuestiones de discriminación prohibidas por la Convención.
En una declaración emitida en Ginebra, donde a este grupo de expertos de la ONU le ha tocado reunirse en los últimos días, los expertos dijeron que por esa razón decidieron recurrir a un procedimiento denominado "de alerta temprana y acción urgente", que solo se utiliza ante situaciones que requieren atención inmediata por el riesgo de discriminación racial grave que implican.
En este marco, el comité expresó su alarma por el número de víctimas civiles, el desplazamiento masivo y la destrucción generalizada causadas por el Ejército israelí, incluidos ataques aéreos, bombardeos y el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas, que se intensificaron desde principios de marzo.
Según los datos citados por el Comité, más de 4.300 personas han muerto y al menos 12.200 han resultado heridas en estos ataques.
Uno de los elementos que explica en particular la intervención del comité de la ONU son las declaraciones de responsables israelíes que han amenazado con imponer a Líbano un nivel de destrucción similar al causado en Gaza.
También citó al ministro israelí de Defensa que calificó de "enemigos" a los habitantes chiíes de 24 localidades del sur de Líbano para justificar la destrucción completa de sus viviendas.
Para el Comité, esas declaraciones son relevantes en el marco de la Convención porque deshumanizan o presentan como enemigos a grupos de población y pueden intentar legitimar el castigo colectivo en el Líbano.