Durante la audiencia de etapa intermedia, el fiscal Cristian Arturo Beteta argumentó que un nuevo peritaje antropológico e institucional determinó que las protestas respondieron a una resolución de asambleas comunitarias en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la legítima defensa, descartando los delitos de terrorismo, sedición y asociación ilícita contemplados en la acusación inicial.
"Resulta lógicamente inviable para el Estado sostener esta acusación. La voluntad de los cuatro sindicados se encuadra dentro de las causas de exclusión de la responsabilidad penal", afirmó Beteta ante el juez Mynor Moto, titular de esa judicatura, tras retirar la solicitud de apertura a juicio formulada originariamente.
Con la solicitud de sobreseimiento del caso presentada este jueves por la Fiscalía, la causa cambia de curso respecto a la línea de persecución penal sostenida inicialmente por la institución bajo la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras.
Entre los procesados figuran Luis Pacheco y Héctor Chaclán, integrantes de la junta directiva de la organización 48 Cantones de Totonicapán, quienes permanecieron más de quince meses en prisión preventiva hasta obtener el arresto domiciliario en agosto pasado. Por su parte, los dirigentes Esteban Toc y Basilio Puac enfrentan el mismo expediente bajo la medida de arresto domiciliario.
Las imputaciones surgieron tras las movilizaciones que incluyeron bloqueos de carreteras y la presencia de manifestantes frente a la sede del Ministerio Público en 2023 para exigir la renuncia de Porras —sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción— y defender los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo de León, a pesar de los intentos de la exfiscal general por revertirlos.
El juez Moto aplazó su resolución y citó a los sujetos procesales para este viernes a las 10:00 hora local (16:00 GMT) para emitir el fallo.
A la salida del tribunal, Pacheco, también exviceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, declaró que "las manifestaciones fueron pacíficas" y que espera que las resoluciones "sigan apegadas a derecho para ir retomando la credibilidad en la justicia".