La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores sobre la denominada “Mafia de los Pagarés” presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público que compromete a exdirectivos de la ya extinta Asociación Mutual de Cooperación Universitaria (AMUCLIN), a un grupo de abogados, a un oficial de justicia y a una docente señalada como demandante en más de 40 juicios ejecutivos.
El escrito apunta contra Julia Mabel Acosta Rojas, Fabio Ubaldo Molinas Saldívar, la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez, Clara María Benítez de Caballero —ex presidenta de AMUCLIN— y el abogado Carlos Enrique Lara. La Comisión pidió además que la pesquisa se extienda a cualquier otra persona física o jurídica cuya responsabilidad surja de las actuaciones, lo que podría alcanzar a operadores judiciales.
Los delitos invocados incluyen estafa, asociación criminal, producción de documentos públicos de contenido falso, enriquecimiento ilícito y eventual prevaricato.
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Corte Suprema auditó expedientes y ya hay sumarios abiertos
Un dato central de la denuncia es el informe que la Corte Suprema de Justicia remitió a la Comisión el pasado 9 de septiembre sobre el resultado de auditorías realizadas a expedientes vinculados al caso.
Las auditorías se concentraron en juicios ejecutivos contra enfermeras y trabajadoras del Hospital de Clínicas, donde reaparecen de forma reiterada la extinta AMUCLIN, la abogada Lourdes Aranda y Fabio Molinas Saldívar —quien figura tanto como oficial de justicia como demandante en distintos expedientes— además de Acosta Rojas, en calidad de cesionaria y demandante.
El reporte de la Corte derivó en investigaciones disciplinarias contra los magistrados Martín Diego Acosta Conde, Edgar Rivas Laguardia, Heinrich Fabián Von Lucken, Alejandra Magalí Zavala, Liz Carina Caballero Montiel y Juan Andrés Martínez Zárate, y contra los ujieres Edith Retamozo Riveros, Jaime Galarza Armoa y Ángela Báez Otazú.
Para la Comisión, esto confirma que no se trata de simples disputas entre particulares, sino de irregularidades detectadas dentro del propio sistema de justicia.
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Un mismo grupo de actores se repite en los expedientes
La documentación revisada por los senadores describe un patrón: un número reducido de personas interviene una y otra vez en los procesos judiciales bajo distintos roles.
Aranda Benítez actuó como abogada tanto en causas originalmente promovidas por AMUCLIN como en otras iniciadas después por Acosta Rojas, docente del Ministerio de Educación y Ciencias, quien pasó de recibir créditos cedidos por la mutual a demandar en nombre propio en decenas de acciones ejecutivas.
Su cónyuge, Molinas Saldívar, aparece con una doble función: como oficial de justicia encargado de diligenciar embargos y, en otros expedientes, como cesionario y demandante. Actualmente defiende a Aranda en la causa penal donde está acusada tras la denuncia de la enfermera Luciana Bernabeth Torres.
La denuncia suma documentación bancaria que sitúa a Clara María Benítez, expresidenta de AMUCLIN, como receptora de pagarés ya cancelados por entidades financieras que, según los senadores, volvieron a utilizarse como base de nuevas ejecuciones.
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Pagarés ya cancelados, usados en juicios nuevos
El núcleo de la investigación es la posible reutilización de títulos extinguidos. La Comisión documentó casos en que obligaciones ya saldadas reaparecieron en la Justicia como si siguieran vigentes, dando origen a nuevos embargos y perjuicios patrimoniales.
Una resolución judicial citada como antecedente en la propia denuncia deja constancia de que los mismos pagarés sirvieron de base a nuevas instancias judiciales tras una cesión de créditos a favor de Acosta Rojas.
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El capítulo que falta: presunto enriquecimiento ilícito
La denuncia incluye un apartado específico sobre la evolución patrimonial de Acosta Rojas, funcionaria pública por su cargo docente. Según sus declaraciones juradas:
- 2017: Gs. 196.850.000
- 2024: Gs. 196.850.000
- 2025: Gs. 462.500.000
- 2026: Gs. 444.000.000
El salto entre 2024 y 2025, junto con la aparición de créditos a cobrar y dinero en efectivo entre sus bienes declarados, es señalado por la Comisión como un indicio que debe cotejarse con sus ingresos lícitos.
Los registros de cuentas judiciales remitidos por la Corte muestran además depósitos por unos Gs. 168 millones a favor de Acosta Rojas en el marco de estas ejecuciones. Los senadores piden establecer el origen y destino de esos fondos y verificar si estaba habilitada para ejercer actividades de préstamo o financiamiento, dado el volumen de operaciones detectado.
La Comisión aclara que no da por probado el enriquecimiento ilícito, sino que reclama que los indicios reunidos sean investigados por el Ministerio Público.
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“No estamos ante expedientes aislados”
La denuncia pide al Ministerio Público abrir una investigación penal, acumular las causas conexas y seguir la cadena completa de responsabilidades: quién obtuvo cada pagaré, quién lo cedió, quién promovió la acción, quién la patrocinó, quién diligenció el embargo y qué controles judiciales fallaron.
Desde la Comisión Especial sostienen que el volumen y la repetición de los casos obligan a leer el fenómeno como un esquema organizado y no como conflictos aislados entre particulares. Anticiparon que seguirán remitiendo antecedentes con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar que mecanismos de ejecución judicial vuelvan a usarse para convertir deudas ya canceladas en nuevas fuentes de perjuicio económico.