Varios cientos de personas se concentraron avanzada la noche en el pueblo de Opheusden, en el municipio de Neder-Betuwe, coincidiendo con una reunión del consejo municipal para debatir posibles escenarios para la acogida de solicitantes de asilo, según el diario local 'De Gelderlander'.
La Policía neerlandesa explicó que inicialmente desplegó varias decenas de agentes, pero decidió recurrir a los antidisturbios después de que la situación se deteriorara y algunos empezaran a lanzar a los agentes adoquines arrancados del suelo, botellas de cerveza rotas o fuegos artificiales.
Los concejales tuvieron que permanecer dentro del edificio tras terminar la reunión debido a la situación en el exterior y solo pudieron abandonarlo cuando volvió la calma.
La protesta se produjo durante un primer debate municipal sobre cómo cumplir con las obligaciones de acogida establecidas por la legislación neerlandesa diseñada para distribuir la acogida de solicitantes de asilo entre los distintos municipios del país.
Neder-Betuwe tiene asignada la acogida de 132 solicitantes de asilo, entre ellos ocho menores no acompañados.
La aplicación de la conocida como ley de distribución, en vigor desde 2024, es uno de los principales focos de tensión del debate migratorio neerlandés, con protestas y oposición a la apertura de centros de acogida en distintos municipios.
La norma busca repartir de forma más equilibrada la acogida entre los municipios y reducir la presión sobre instalaciones como el centro de Ter Apel, que ha sufrido problemas de capacidad.
Partidos de derecha radical como el PVV de Geert Wilders han pedido la derogación de la ley y han instado a los municipios a oponerse a su aplicación, mientras que partidos locales contrarios a los centros de asilo avanzaron en varios municipios en las elecciones locales de marzo pasado.
Pero el actual Gobierno mantiene la norma y sostiene que sigue siendo necesaria ante la escasez de plazas y para distribuir la acogida entre todo el país.
El problema de Países Bajos no se explica por el número de solicitantes de asilo, que no atraviesa realmente un máximo, sino por un sistema de acogida saturado y una grave escasez de vivienda, que dificulta que refugiados que ya han obtenido permiso de residencia abandonen los centros de acogida, ocupando plazas que deberían quedar disponibles para nuevos solicitantes.
En 2025, un 23 % de las personas alojadas en centros de asilo ya tenía permiso de residencia, según la Oficina Central de Estadística. Esta situación, sumada a la resistencia de algunos municipios a abrir nuevos centros, ha alimentado un debate político y social cada vez más polarizado sobre el reparto de refugiados.