Se trata de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), creada en el contexto de la CICIG pero durante la administración de la cuestionada fiscal general María Consuelo Porras (2018-2026) fue utilizada para perseguir a opositores, activistas, jueces y periodistas, según denuncias de los afectados.
El anuncio de la supresión de la FECI fue hecho por el secretario general de la Fiscalía, Edwin Santiago Chavajay, en el marco del acto de presentación de un informe de los primeros cuatro meses de gestión del nuevo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna.
García Luna asumió el pasado 17 de mayo en sustitución de Porras, y su llegada al cargo ha generado expectativa frente a la experiencia del período anterior, marcado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra la exfiscal general y otros funcionarios bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia.
Una de esas funcionarias sancionadas internacionalmente fue la fiscal Leonor Morales Lazo, integrante de la FECI y quien intentó invalidar los resultados electorales de 2023 que dieron el triunfo al actual presidente, Bernardo Arévalo de León.
El martes pasado se informó que Morales Lazo fue removida del cargo junto a otros seis fiscales en el marco de la reestructuración impulsada por el nuevo fiscal general.
"Hace cuatro meses asumí la responsabilidad de dirigir el Ministerio Público; hoy comparezco nuevamente ante la población para informar sobre ese trabajo", declaró García Luna al subrayar que la rendición de cuentas es indispensable para rescatar la credibilidad institucional.
Durante la presentación, la primera subsecretaria general del Ministerio Público, Claudia Eugenia Castellanos, detalló que en estos cuatro meses, la institución ha reportado un total de 662 capturas y 619 sentencias condenatorias por el delito de extorsión, además de 66 sentencias en delitos contra la vida y 63 condenas por feminicidio.
El informe de gestión detalló un diagnóstico de la estructura heredada, exponiendo deficiencias en las áreas administrativas, financieras y tecnológicas del organismo.
Para consolidar los cambios, las autoridades impulsan una mayor articulación entre las dependencias y agencias de la Fiscalía, mesas técnicas de trabajo y el fortalecimiento de la cooperación internacional con fiscales federales de Estados Unidos, con el objetivo de combatir frontalmente las estructuras criminales transnacionales.
"Estas acciones constituyen apenas el punto de arranque de un proceso profundo para garantizar un sistema de justicia transparente, eficiente y cercano a los ciudadanos", concluyó el fiscal general García Luna.