En total, son diecinueve los presuntos miembros de la organización que permanecen privados de libertad bajo la mayor medida cautelar de la legislación chilena desde el pasado jueves, todos señalados por delitos de asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, además de ilícitos vinculados al tráfico de drogas y la Ley de Armas.
El tribunal estableció un plazo de investigación de 120 días.
Según la prensa local, las investigaciones en torno al PCC en Chile surgieron a través de mecanismos de cooperación internacional; en particular, antecedentes obtenidos desde la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina que deban cuenta de operaciones de la organización en territorio chileno.
El investigador de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, uno de los fiscales expertos en crimen organizado en Chile, descartó que las indagatorias apunten a una disputa territorial con otras organizaciones criminales transnacionales que operan en Chile, como el Tren de Aragua.
Barros ha afirmado que, a la fecha, se han detectado integrantes del PCC en cárceles de Arica a Punta Arenas, es decir, en recintos penitenciarios a lo largo de todo el país.
El crimen organizado y el narcotráfico se han transformado en los últimos años en la mayor preocupación de las autoridades políticas y de la ciudadanía chilena, pese a que el país mantiene niveles de violencia que lo sitúan entre los más seguros de la región.
Chile, a diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos.
Expertos apuntan a que el PCC, al igual que otras organizaciones criminales que operan a nivel regional y global, están expandiendo sus áreas de influencia con miras a establecer redes hacia nuevos mercados de venta de drogas, como el asiático.