Carles Puigdemont era presidente del Gobierno catalán cuando el Parlamento regional aprobó una fallida declaración de independencia, por lo que distintos líderes de ese proceso secesionista fueron detenidos, juzgados y encarcelados.
Después fueron amnistiados, pero otros decidieron salir de España, como Puigdemont, por lo que aún tenían causas pendientes con la Justicia.
El pleno del Tribunal Constitucional español avaló este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista catalán, tras los recursos de amparo de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Dolors Bassa contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación.
El pleno estimó con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de Bassa a partir de la ponencia del presidente del tribunal, lo que fija doctrina para otros casos similares.
La sentencia del Tribunal Constitucional enmienda la postura del Supremo, que no aplicó la amnistía a la malversación al entender que los líderes del proceso independentista obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones que recoge la norma.
Menos de una hora después de conocerse la sentencia del Constitucional, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención de Puigdemont, con lo que ya puede regresar a España.
Sin esperar a la publicación de la sentencia del Constitucional en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Llarena dictó un auto en el que deja sin efecto las órdenes que pesaban contra Puigdemont, así como contra otros dos exconsejeros de su antiguo Gobierno procesados en rebeldía.
El expresidente de la Generalitat (gobierno regional) llegó a Bélgica a finales de octubre de 2017, tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de independencia y el Gobierno español suspendiera la autonomía catalana.
Desde entonces permanece en ese país ante las órdenes de detención de la justicia española que hasta hoy había vigentes, con la excepción de un breve y sorpresivo retorno a Barcelona en agosto de 2024 para ofrecer un discurso cerca del Parlamento de Cataluña con motivo de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Puigdemont anunció que hará este martes una "declaración institucional" desde Waterloo (Bélgica), donde reside, para valorar la decisiones del Constitucional y del juez Llarena.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró este martes la decisión del Constitucional: "Con ello ayudamos a la sociedad catalana", dijo.
Sánchez reiteró que la crisis catalana "es un problema político" que se tenía que resolver "desde la política", y que él defendió tanto la ley de amnistía como los indultos a los líderes independentistas.
También el Gobierno regional de Cataluña, presidido por el socialista y exministro Salvador Illa, aplaudió la decisión del Constitucional.
"El tiempo nos ha dado la razón. Cataluña avanza", escribió Illa en la red social X.
Desde el conservador Partido Popular (PP) consideran que el posible regreso a España de Puigdemont cierra la "transacción" de Sánchez, quien "cambió" una "investidura" por la "amnistía" al político independentista.
"Vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas", afirmó por su parte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en X sobre las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre.
El partido que lidera Puigdemont, Junts, apoyó la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno en 2023 y a cambio pidió la amnistía para los implicados en el proceso independentista.
No obstante, hace meses que ese partido vota junto al PP en la mayoría de las propuestas que el Gobierno presenta en el Congreso y lo volvió a hacer la semana pasada para rechazar dos decretos con medidas sobre la crisis de vivienda que enfrenta el país, lo que llevó a Sánchez a decidir el adelanto de las elecciones previstas inicialmente para 2027.